La Alcaldía de Managua, bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha destinado más de diez millones de córdobas para la remodelación del Club Social de Matagalpa, ahora rebautizado como Casa de los Indios Flecheros . El anuncio, realizado a través de los medios de propaganda oficialistas, precede a la inauguración prevista para el 30 de abril de 2026, coincidiendo con el 14 aniversario de la muerte de Tomás Borge Martínez, figura prominente de la revolución sandinista de 1979.
El régimen presenta la remodelación como una mejora significativa de las instalaciones, incluyendo la construcción de una nueva fachada, la reparación de sistemas eléctricos y de agua, y la renovación de espacios como auditorios, salones, cafetería y restaurante. Se planea también una segunda fase que contempla la instalación de un ascensor, la construcción de un muro perimetral y la rehabilitación de piscinas, además de la creación de un rancho para ferias y exposiciones.
Sin embargo, estas afirmaciones son cuestionadas por el expresidente del Club Social de Matagalpa, Crisanto Solís, quien asegura que la mayoría de los servicios que ahora se presentan como mejoras ya eran funcionales antes de la toma forzosa del edificio por parte de la Procuraduría General de la República y la Policía. Solís señala que el ascensor ya existía y las piscinas se mantenían en buenas condiciones, ya que el club ofrecía clases de natación.
La confiscación del Club Social de Matagalpa ha afectado a más de un centenar de accionistas y decenas de socios concurrentes. Este incidente marca la segunda vez que el mismo edificio es confiscado por el sandinismo, ya que durante la década de 1980 fue utilizado como sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria.
La elección del nombre Casa de los Indios Flecheros también ha generado controversia. Si bien el régimen presenta a Borge Martínez como un digno heredero de la hidalguía de los indios matagalpas , historiadores recuerdan la resistencia del pueblo indígena de Matagalpa a la dominación, ejemplificada en la Guerra de los Indios de 1881 y su participación en la Batalla de San Jacinto en 1856. La falta de claridad sobre el vínculo entre el proyecto y el Pueblo Indígena de Matagalpa ha suscitado interrogantes sobre la verdadera intención detrás de esta denominación.
El evento de inauguración, anunciado para el 30 de abril, incluirá ferias de gastronomía, textil, vestuario y artesanías, así como exposiciones fotográficas, demostraciones de barismo y catación de café, actividades recreativas para niños, pasarelas con trajes de huipil y festivales de música y bailes tradicionales como polkas, mazurcas y jamaquellos. No obstante, la propaganda oficial no ha especificado el uso permanente del inmueble ni cómo funcionará más allá de la inauguración.
Solís critica duramente la acción del gobierno, calificándola como una segunda confiscación y un ejemplo de la incapacidad de construir del régimen, que recurre a la expropiación para atribuirse méritos ajenos. Denuncia que el gobierno se aprovecha del esfuerzo de ciudadanos trabajadores y perpetúa un legado negativo en la historia de Matagalpa, caracterizado por el luto, las confiscaciones, el aislamiento internacional, el adoctrinamiento y el deterioro del tejido social.
El expresidente del club recuerda las palabras del expresidente Enrique Bolaños, quien deseaba la civilización del régimen sandinista, lamentando que la realidad demuestre lo contrario: una continua actuación en función de intereses propios, a expensas del bienestar del pueblo.
La Alcaldía de Matagalpa, dirigida por Sadrach Zeledón Rocha funcionario incluido por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua entre los operadores de la represión estatal desde 2018 ha justificado la inversión de 10 millones 261 mil 898 córdobas en la remodelación del edificio. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso y las contradicciones entre la propaganda oficial y los testimonios de antiguos miembros del club alimentan las sospechas sobre el verdadero propósito de esta operación.
La confiscación del Club Social de Matagalpa se suma a una larga lista de expropiaciones y confiscaciones llevadas a cabo por el régimen sandinista a lo largo de los años, generando preocupación entre la población y organizaciones de derechos humanos, que denuncian la violación de los derechos de propiedad y la falta de garantías para la inversión privada. El caso pone de manifiesto la persistencia de prácticas autoritarias y la erosión del estado de derecho en Nicaragua.
