El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creado hace 18 años con el objetivo de garantizar la transparencia en la selección de autoridades y evitar la politización de los cargos de control, se encuentra en el centro de un intenso debate tras la emisión de un dictamen de la Corte Constitucional. Este dictamen propone que los ecuatorianos voten para eliminar la facultad del CPCCS de designar autoridades, transfiriéndola a la Asamblea Nacional.
La creación del CPCCS, concebida como un quinto poder o guardián ciudadano, buscaba evitar que los procesos de selección de las principales autoridades de control se convirtieran en un botín político. Sin embargo, según análisis y denuncias, la realidad dista mucho de este ideal original. El consejo ha sido objeto de críticas por la opacidad en sus procesos, la falta de rigor en la evaluación de candidatos y la presunta influencia de intereses particulares en las designaciones.
El artículo señala que los concursos de méritos y oposición se han transformado en concursos donde prevalece el mejor postor, citando como ejemplo la elección del anterior presidente de la Judicatura, quien fue destituido por la Asamblea Nacional debido a acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. El CPCCS, según el texto, ignoró las alertas presentadas en las impugnaciones, lo que lo convierte, a juicio del autor, en cómplice de la corrupción que debería combatir.
Actualmente, el CPCCS tiene en sus manos el concurso para la elección del Fiscal General, un cargo crucial en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Mientras la ciudadanía espera que se elija al candidato más idóneo en base a sus méritos, el consejo se niega a entregar información pública relevante sobre el proceso, generando sospechas sobre la transparencia de la selección. Esta actitud, según el artículo, reproduce un patrón de comportamiento ya observado en ocasiones anteriores.
El dictamen de la Corte Constitucional no es un hecho aislado. En 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso planteó una propuesta similar, pero la ciudadanía votó en contra. No obstante, el contexto actual, marcado por la creciente preocupación por la corrupción y la ineficacia de las instituciones, ha generado un nuevo escenario. El autor del artículo argumenta que la oportunidad de revisar el rol del CPCCS ha regresado debido a una necesidad urgente de la sociedad ecuatoriana.
El texto utiliza una analogía histórica, comparando al CPCCS con la quinta columna de la guerra civil española, es decir, aquellos que traicionan la causa que juran defender. Esta metáfora busca resaltar la percepción de que el consejo ha traicionado sus principios fundacionales y ha actuado en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano.
La decisión final sobre el futuro del CPCCS recaerá en la ciudadanía, que deberá pronunciarse en una consulta popular. El debate se centra en si es necesario mantener un organismo con las facultades actuales, o si es preferible transferirlas a la Asamblea Nacional, buscando así una mayor transparencia y rendición de cuentas en la selección de las autoridades de control. La pregunta central es si el CPCCS ha demostrado ser un aliado en la lucha contra la corrupción y la impunidad, o si, por el contrario, se ha convertido en un obstáculo para el fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. El autor concluye con un llamado a quitarles a los quintacolumnistas el poder de destruir al Ecuador , enfatizando la urgencia de una reforma que garantice la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y la administración de justicia.
