La Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se declare "incompetente" para responder a las preguntas planteadas por la Audiencia de Sevilla en relación con el caso ERE en Andalucía. Este movimiento se produce en el contexto de la revisión de las condenas ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) y pone en tela de juicio la conexión entre el caso y el derecho de la Unión Europea.
La Audiencia de Sevilla planteó una cuestión prejudicial tras el amparo concedido por el TC a los principales condenados en el caso ERE, incluyendo la anulación de la pena de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y la reducción del castigo para su antecesor, Manuel Chaves. El tribunal sevillano cuestionó si el amparo concedido por el TC era compatible con el derecho de la Unión Europea, argumentando que el Constitucional había invadido ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al realizar una interpretación alternativa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En su escrito de observaciones ante el TJUE, la Comisión Europea argumenta que las cuestiones planteadas por la Audiencia de Sevilla son "inadmisibles" y que la interpretación del derecho de la UE solicitada "no tiene ninguna relación con la realidad o con el objeto del litigio principal". La Comisión subraya que el órgano jurisdiccional remitente no ha demostrado, ni siquiera alegado, que los fondos involucrados en el caso provengan del presupuesto de la Unión Europea.
Según el documento, la fuente de financiación del caso ERE es el presupuesto de Andalucía, lo que implica una "falta de vínculo" con los intereses financieros europeos. La Comisión insiste en que, al no existir un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la UE, las cuestiones planteadas son "puramente hipotéticas". Los agentes firmantes del escrito, miembros del servicio jurídico de la Comisión Europea, concluyen que los hechos del litigio principal no están comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión.
La Comisión Europea también descarta la existencia de un problema sistémico de independencia judicial que justifique la intervención del TJUE. La Audiencia de Sevilla no ha mencionado deficiencias estructurales en la organización o funcionamiento del Tribunal Constitucional, lo que refuerza la postura de la Comisión de abstenerse de valorar el fondo del asunto, es decir, la interpretación de los delitos de prevaricación y malversación en el caso ERE.
En esencia, la Comisión Europea propone al TJUE que rechace la consulta planteada por la Audiencia de Sevilla, argumentando que el caso ERE es un asunto interno que no afecta directamente al derecho de la Unión Europea ni a sus intereses financieros. Esta decisión podría acelerar el proceso de revisión de las condenas en el caso ERE, ya que la Audiencia de Sevilla ya no esperaría una respuesta del TJUE antes de dictar nuevas resoluciones ajustadas a lo sentenciado por el Tribunal Constitucional.
El caso ERE se refiere a una investigación sobre el uso de fondos públicos destinados a ayudas sociolaborales en Andalucía entre los años 2001 y 2010. La Audiencia de Sevilla condenó en 2019 a 19 ex altos cargos por la pieza política del caso, incluyendo a José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El Supremo confirmó posteriormente la condena de Griñán y Chaves, pero el Tribunal Constitucional concedió un amparo a los principales condenados, lo que llevó a la anulación de la pena de cárcel para Griñán y a la reducción del castigo para Chaves.
La cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla buscaba aclarar si el amparo concedido por el TC era compatible con el derecho de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta al respeto de la legalidad penal y la independencia judicial. Sin embargo, la Comisión Europea considera que esta cuestión no tiene relevancia para el derecho de la UE y que el TJUE no es el foro adecuado para resolverla.
La decisión de la Comisión Europea podría ser interpretada como un apoyo implícito al Tribunal Constitucional, al considerar que su actuación no ha afectado al derecho de la Unión Europea. También podría interpretarse como una señal de que la Comisión Europea no desea involucrarse en un caso político y judicialmente sensible en España.
En cualquier caso, la respuesta del TJUE a la solicitud de la Comisión Europea será crucial para determinar el futuro del caso ERE y para aclarar los límites de la competencia de la Unión Europea en materia de derecho penal y judicial. La Audiencia de Sevilla deberá ahora decidir cómo proceder a la luz de la postura de la Comisión Europea y la posible decisión del TJUE. Se espera que el tribunal sevillano continúe con la revisión de las condenas, ajustándose a lo sentenciado por el Tribunal Constitucional y respetando el derecho fundamental a la legalidad penal.
