Juan Charles Alvarado, fundador de Galaga S.A.C., responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los retrasos en la distribución del material electoral durante las Elecciones Generales 2026, celebradas el 12 de abril. Alvarado, quien guardó silencio durante días, afirmó que su empresa cumplió con proporcionar los vehículos y conductores necesarios, pero que la ONPE no tenía la mercancía lista a tiempo para su despacho. Esta declaración surge en respuesta a las acusaciones previas de la ONPE, que había señalado a Galaga como responsable de las demoras que impidieron votar a más de 50 mil electores.
En una entrevista en el programa Punto Final, Alvarado explicó que la decisión de no pronunciarse antes se debió a su deseo de no interferir con el proceso electoral en curso. Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio. La ONPE nos culpa a nosotros de no llegar a tiempo, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese salido a hablar? , declaró el empresario.
Según Alvarado, el último camión de Galaga salió del área de despacho de la ONPE recién a las 5:51 de la mañana del domingo, lo que evidencia la falta de preparación del organismo electoral. La empresa contaba con 400 unidades vehiculares destinadas a la distribución, pero se encontró con problemas logísticos en los almacenes asignados por la ONPE, ubicados en Eucaliptos, Lúcumo y San Pedro Life. Las 400 unidades no pueden estar amontonadas dentro de un almacén , enfatizó Alvarado.
El proceso de despacho, particularmente en el área de equipos de cómputo, se prolongaba hasta las 4:30 de la madrugada. Una vez que el material era cargado, las unidades debían trasladarse entre los diferentes almacenes, completar los protocolos de apertura y cierre, y finalmente iniciar su ruta de distribución. Alvarado estimó que cada unidad requería entre 25 y 35 minutos para completar este proceso, lo que implicaba un tiempo total de aproximadamente 10 horas para el reparto completo.
Alvarado también reveló que se comunicó con Juan Phang, entonces subgerente de Producción Electoral de la ONPE, vía WhatsApp, para informarle sobre 35 unidades que no habían podido cargar el material electoral y, por lo tanto, no podían cumplir con su ruta asignada. Phang, según Alvarado, le solicitó esperar, asegurándole que el material sería enviado pronto.
La empresa cumplió con brindar los recursos, tanto en cantidad de unidades como en conductores para el reparto, oportunamente. Sin embargo, el área de despacho no tuvo la mercancía designada a tiempo , reiteró Alvarado, recordando que en la primera vuelta de las elecciones se utilizaron más de 434 unidades y casi 450 en la segunda.
Ante las acusaciones de la ONPE sobre el uso de camiones tipo furgón y la posible falta de experiencia de los conductores, Alvarado calificó los señalamientos como falsos. Aseguró que todos los choferes contratados para el servicio cumplían con la experiencia necesaria para el manejo de estas unidades y que la empresa proporcionó la documentación correspondiente de su flota de casi 200 unidades propias en cada servicio.
Respecto a la publicidad para contratar choferes adicionales, Alvarado explicó que se trata de una práctica estándar para cualquier empresa de transporte, ya que su flota habitual está comprometida con clientes frecuentes durante todo el año y no puede ser reservada exclusivamente para procesos electorales. Además, aclaró que los términos de referencia del contrato no prohibían la subcontratación.
La versión de Galaga coincide con un análisis realizado por un analista de la ONPE, quien declaró ante la Contraloría que los retrasos en la distribución se debieron a demoras en la organización de paquetes y embalajes. Asimismo, la Contraloría detectó que algunos conductores presentaban infracciones vehiculares que podrían haber afectado la distribución del material electoral.
Galaga S.A.C. ha remitido una solicitud formal a la ONPE, exigiendo una rectificación pública de las acusaciones vertidas en su contra. Sin embargo, hasta el momento, la empresa no ha recibido respuesta por parte del organismo electoral. La controversia plantea serias interrogantes sobre la gestión logística de las Elecciones Generales 2026 y la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes. El futuro de la relación entre Galaga y la ONPE, así como la confianza pública en el proceso electoral, penden de la resolución de este conflicto.
