Uno de los imputados en el polémico caso BCR SAFI, Álvaro Jiménez Villegas, ocupa ahora un puesto de coordinación en la asesoría jurídica de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) imputó a Jiménez y a otras 13 personas en diciembre pasado por presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en la compra de al menos nueve inmuebles por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI).
Jiménez, quien trabajó durante 16 años y seis meses como asesor legal de BCR SAFI (desde 2008 hasta junio de 2024), asumió su nuevo cargo en el SBD en junio de 2024. La Secretaría Técnica del SBD ha defendido la contratación, argumentando el principio constitucional de inocencia y señalando que un informe de Auditoría Interna de BCR SAFI sobre la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) no lo identifica como presunto responsable.
El Ministerio Público investiga si hubo sobreprecios irregulares e influencia indebida en la Hacienda Pública durante la adquisición de los inmuebles por parte de BCR SAFI. Uno de los casos más destacados es la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Esparza, Puntarenas, por un monto que, según la investigación, fue $35,2 millones superior al valor real. La compra se realizó con fondos de inversionistas que confiaron en los fondos inmobiliarios administrados por BCR SAFI.
La transacción del PEP involucró a un grupo empresarial propiedad del exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) determinó que, entre mayo de 2018 y junio de 2019, BCR SAFI habría negociado la compra de siete inmuebles riesgosos con el grupo empresarial por un total de $48,8 millones. La Sugeval encontró que el grupo empresarial adquirió algunos de estos inmuebles a un precio significativamente menor al que posteriormente pactó con BCR SAFI, y que algunos contratos de compraventa se firmaron antes de obtener las aprobaciones necesarias del BCR.
En diciembre de 2025, la Fiscalía ejecutó 16 allanamientos para recabar evidencia documental y electrónica relacionada con las inversiones de BCR SAFI, así como los contratos y permisos de construcción. Los allanamientos incluyeron las residencias del exdiputado Vargas Corrales y su hijo.
La Secretaría Técnica del SBD insiste en que no existe conflicto de interés ni riesgo reputacional asociado con la contratación de Jiménez. Argumentan que la condición de imputado no era conocida al momento de la contratación y que fue informada por el propio Jiménez a sus superiores una vez que se conoció. La situación fue comunicada al consejo rector del SBD, integrado por los ministros William Rodríguez (Turismo), Patricia Rojas Morales (Economía, Industria y Comercio, quien preside el Consejo) y Víctor Carvajal Porras (Agricultura y Ganadería, quien asumirá la dirección ejecutiva del SBD a partir del 20 de abril).
La contratación de Jiménez se realizó a través de un concurso público, y fue seleccionado por un comité interno a partir de una terna de candidatos evaluada por el área de Talento Humano. La institución afirma que Jiménez cumplía con todos los requisitos del puesto.
El informe de Auditoría Interna de BCR SAFI sobre el PEP, según el SBD, señala a otros funcionarios como responsables, incluyendo a un gerente general de apellido Díaz, un exfuncionario de apellido Sequeira, una gerente de apellido Garro, un supervisor de ingeniería de apellido Carvajal y un ingeniero de apellido Gutiérrez. La auditoría concluyó que si estas instancias hubieran informado la situación real del inmueble, incluyendo el hecho de que la obra no estaba completamente terminada, la compra no se habría realizado.
La Nación intentó obtener una respuesta del abogado Jiménez Villegas a través de su correo electrónico institucional en la Secretaría Técnica del SBD, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición. La Secretaría Técnica defendió la contratación, reiterando su respeto al principio de inocencia y señalando que el informe de auditoría no lo involucra directamente en las irregularidades.
La contratación de un imputado en un caso de presunta corrupción en un puesto de coordinación jurídica en una entidad del Estado ha generado interrogantes sobre la debida diligencia en los procesos de selección de personal y la percepción de transparencia en la administración pública. La situación plantea la necesidad de evaluar los criterios y mecanismos utilizados para garantizar la integridad y la confianza en las instituciones públicas.
