El Presidente José Antonio Kast presentó esta semana su proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, un plan que busca revertir la situación económica actual y generar un crecimiento sostenido. La iniciativa, anunciada en una cadena nacional, se centra en cinco pilares principales: rebajas tributarias, agilización regulatoria, incentivos para el empleo formal, reactivación del sector de la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso.
El gobierno apunta a elevar la tasa de crecimiento económico del 2% actual al 4% anual, y a abordar la persistente crisis laboral que afecta al país desde hace 37 meses consecutivos, con una tasa de desempleo superior al 8%. Para lograr estos objetivos, el proyecto contempla un total de 43 medidas, algunas de las cuales aún no han sido detalladas públicamente.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, así como la reinstauración del sistema de integración tributaria. Sin embargo, estas propuestas no son nuevas, ya que fueron previamente planteadas por gobiernos anteriores, incluyendo el anterior y el segundo gobierno de Sebastián Piñera. La principal dificultad política del Ejecutivo radicará en obtener la aprobación de estas medidas en el Congreso, considerando que la implementación de ambas implicaría una disminución de aproximadamente US$ 2.800 millones en la recaudación fiscal, lo que requerirá una compensación adecuada.
A pesar de las críticas de la oposición, las medidas que gozan de mayor consenso técnico son aquellas orientadas a reducir la permisología y a otorgar invariabilidad tributaria a proyectos de inversión de largo plazo, tanto nacionales como extranjeros. La agilización de los trámites de aprobación de inversiones aceleraría el inicio de los proyectos, mientras que la invariabilidad tributaria disminuiría la incertidumbre, dado el historial de reformas tributarias constantes en los últimos gobiernos. Esto, según los expertos, aumentaría la probabilidad de que los proyectos de inversión se concreten en el país.
Las propuestas relacionadas con la contención o reducción del gasto público anticipan un intenso debate. El proyecto incluye una moratoria de cuatro años en la gratuidad universitaria, limitando el plazo para acceder a este beneficio a 12 años después de la graduación de la educación secundaria. Asimismo, se propone el fin de la franquicia Sence, un programa de reconocido impacto en la productividad, lo que generará resistencia por parte de sus administradores e intermediarios, representados por las OTIC y las OTEC.
Si bien aún no se han revelado los detalles del impacto fiscal total de las medidas y su fuente de financiamiento, estimaciones preliminares sugieren un costo neto en régimen de alrededor de US$ 3.500 millones. El gobierno espera compensar este costo con el impacto positivo del crecimiento económico. La fórmula para lograr esta compensación será un tema central en el debate, dada la estrechez de la situación fiscal del país. El bajo crecimiento de la última década no solo ha afectado el mercado laboral, sino también las arcas fiscales, considerando que cada punto de crecimiento adicional genera US$ 800 millones de ingresos para el fisco.
En este contexto, se advierte que el proyecto no debe convertirse en un ejercicio de suma cero , en el que las compensaciones por el impacto fiscal de las medidas sean neutralizadas por el aumento de otros impuestos, lo que podría generar un efecto contrario sobre el crecimiento económico.
Expertos señalan que la clave del éxito de este plan reside en encontrar un equilibrio entre la reducción de impuestos y la agilización regulatoria, por un lado, y la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal, por el otro. La oposición, si bien ha expresado fuertes objeciones, se espera que adopte una actitud propositiva, considerando que el crecimiento económico también fue un eje central en sus programas de campaña. La demanda de crecimiento es una de las más sentidas por la ciudadanía, y esta propuesta representa una oportunidad concreta para debatir y buscar soluciones.
La viabilidad del proyecto dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para construir consensos en el Congreso y para comunicar de manera efectiva los beneficios esperados a la población. La transparencia en la gestión de los recursos y la rendición de cuentas serán fundamentales para generar confianza y asegurar el éxito de la iniciativa. El desafío es grande, pero la oportunidad de impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los chilenos es aún mayor.
