La crisis económica que atraviesa Granja Tres Arroyos ha derivado en una drástica reducción de la actividad y en recortes salariales para sus empleados, como medida para evitar despidos masivos en sus plantas de Concepción del Uruguay y La Lonja. La empresa implementó un esquema de reducción de jornadas laborales y pagos parciales por los días no trabajados, impactando directamente en el ingreso de sus trabajadores.
En la planta de Concepción del Uruguay, donde trabajaban cerca de 1.000 personas, se acordó un régimen de cuatro días de trabajo semanal. Los empleados reciben el 65% de su salario habitual por el día libre, el lunes. Este acuerdo fue posible tras negociaciones con los sindicatos y con la intervención de la autoridad laboral, en un contexto marcado por atrasos salariales y la incertidumbre sobre el futuro laboral. La empresa se comprometió a cancelar los haberes adeudados correspondientes al mes de marzo, una deuda que había generado protestas y asambleas por parte del personal.
La situación en la planta de La Lonja es aún más restrictiva, con un esquema de tres días de trabajo por semana y pagos del 50% del salario en las jornadas no trabajadas. Esta modalidad, aunque implica una reducción significativa de los ingresos, permite mantener el vínculo laboral y evitar suspensiones totales. Los gremios aceptaron estas condiciones priorizando la continuidad laboral ante la amenaza de posibles cesantías.
Esta crisis no solo se manifiesta en la cantidad de trabajadores afectados, sino también en la calidad del empleo, con menos horas trabajadas, salarios reducidos y un aumento de la incertidumbre. La empresa ha reducido su red de productores integrados y disminuyó el volumen de faena de 700.000 pollos diarios a aproximadamente 200.000, evidenciando una fuerte retracción en la actividad productiva.
La situación financiera de Granja Tres Arroyos es compleja. La empresa acumula alrededor de 1.200 cheques rechazados por un monto superior a los $20.100 millones. Otras firmas del grupo también registran niveles elevados de incumplimientos, sumando casi 2.000 cheques rechazados por más de $26.400 millones en total. Esta situación revela la magnitud del problema de liquidez que enfrenta el grupo empresario.
En medio de este panorama, circulan rumores sobre posibles reestructuraciones dentro del grupo, especialmente en empresas vinculadas como Wade, relacionada con la ex Cresta Roja. Si bien no hay confirmaciones oficiales sobre operaciones concretas, los antecedentes de reestructuración, como el caso de Avex, donde la empresa cedió un inmueble y continuó operando bajo alquiler, alimentan las expectativas sobre nuevas decisiones estratégicas para sostener la actividad.
La estrategia actual de la empresa se centra en ganar tiempo mediante la reducción de costos y el sostenimiento del empleo, evitando un ajuste más drástico. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado frente a una crisis que ya afecta tanto la producción como los ingresos de los trabajadores.
La evolución del conflicto y la capacidad de la empresa para estabilizar su situación financiera serán determinantes para saber si este esquema de ajuste transitorio podrá sostenerse en el tiempo o si será necesario implementar medidas más profundas en el corto plazo. La incertidumbre se cierne sobre el futuro laboral de los empleados y la viabilidad de la empresa en un contexto económico desafiante. La situación pone de manifiesto la fragilidad del sector y la necesidad de encontrar soluciones que permitan preservar los puestos de trabajo y garantizar la estabilidad económica de los trabajadores y sus familias. El impacto de esta crisis se extiende más allá de las plantas de Concepción del Uruguay y La Lonja, afectando a toda la cadena productiva y generando preocupación en el sector avícola. La empresa busca evitar un escenario de despidos masivos, pero la sostenibilidad de esta estrategia dependerá de su capacidad para superar la crisis financiera y recuperar la confianza de sus proveedores y acreedores.
