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Los empleadores peruanos tienen hasta el próximo 15 de mayo para realizar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2024. Este beneficio, establecido como un fondo de protección obligatorio a cargo del empleador, funciona como un respaldo económico crucial para el trabajador en caso de cese laboral.
La obligación legal se encuentra detallada en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, aprobado mediante el Decreto Supremo 001-97-TR, según lo explicado por Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima. El cumplimiento de este plazo es fundamental para evitar sanciones y garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
¿Quiénes tienen derecho a la CTS? La norma general abarca a todos los trabajadores que tengan una relación laboral vigente y que cumplan con los requisitos establecidos. Esto incluye a aquellos contratados indefinidamente, a plazo fijo, y a aquellos que laboran bajo modalidades especiales, como el régimen de Contrato de Aprendizaje. Incluso, los trabajadores contratados antes de que la empresa se registre tienen derecho a recibir la CTS.
Es importante destacar que existen particularidades en el régimen de la CTS para las pequeñas empresas. En estos casos, los trabajadores reciben el 50% de la CTS correspondiente al régimen general, lo que refleja una adaptación a las capacidades financieras de las empresas más pequeñas.
El cálculo de la CTS se basa en la remuneración vigente al 30 de abril, es decir, el último día del periodo semestral. A esta remuneración se le suman conceptos como la asignación familiar, cuando corresponda, y un sexto (1/6) de la gratificación percibida en diciembre anterior. Además, se consideran otros conceptos remunerativos fijos, regulares y de naturaleza remunerativa. Es crucial entender que no se incluyen conceptos no remunerativos, como los gastos de representación o los pagos ocasionales, en el cálculo de la CTS.
La CTS se calcula de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado en el semestre. La regla general establece que, por cada tiempo de servicio completo, el trabajador tiene derecho a una CTS completa. Si el tiempo de servicio es parcial, la CTS se calcula en proporción a los meses trabajados. Por ejemplo, si un trabajador laboró durante seis meses completos, recibirá una CTS completa. Si laboró durante tres meses, recibirá el 50% de la CTS.
El empleador tiene la obligación de depositar la CTS en una cuenta bancaria a nombre del trabajador, en la entidad financiera que este último elija. Sin embargo, es importante que la entidad financiera elegida esté autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar con fondos de CTS. Esta medida garantiza la seguridad y la correcta administración de los fondos de los trabajadores.
Una excepción vigente permite a los trabajadores disponer libremente del 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de justificar un cese laboral. Esta medida excepcional, implementada con el objetivo de brindar liquidez a los trabajadores, no altera la obligación del empleador de realizar el depósito de la CTS dentro del plazo legal establecido. Es decir, el empleador debe seguir depositando la CTS en la cuenta del trabajador, aunque este último pueda disponer de ella libremente.
En resumen, el depósito de la CTS es una obligación legal para los empleadores peruanos, y un derecho fundamental para los trabajadores. El cumplimiento de esta obligación garantiza la protección económica de los trabajadores en caso de cese laboral, y contribuye a la estabilidad y el desarrollo del mercado laboral en el país. Los empleadores deben estar atentos al plazo límite del 15 de mayo para evitar sanciones y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Los trabajadores, por su parte, deben verificar que el depósito de la CTS se realice correctamente y que la entidad financiera elegida esté autorizada por la SBS. La CTS es un componente esencial de la legislación laboral peruana, y su correcta aplicación es fundamental para garantizar los derechos de los trabajadores y promover un ambiente laboral justo y equitativo.
