El Congreso de Guatemala aprobó de manera urgente un subsidio de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, lo que representa un costo fiscal de Q2 mil millones para el Estado durante un período de 90 días. La aprobación se logró tras más de cuatro horas de negociaciones, obteniendo el oficialismo 115 votos a favor. Inicialmente, la propuesta del Ejecutivo contemplaba un presupuesto de Q1 mil 200 millones, pero la cifra final aprobada ascendió a Q800 millones más. Esta diferencia ha generado interrogantes sobre los posibles intereses detrás de la negociación.
La justificación oficial del subsidio se centra en la protección del consumidor frente al aumento de los precios internacionales de los combustibles. Sin embargo, el análisis presentado por Jorge Jacobs, sugiere que esta medida podría ser una forma de mantener al ciudadano y al contribuyente bajo control político, haciéndoles creer que reciben una generosidad por parte de los políticos. Jacobs argumenta que existía una alternativa más eficiente y económica: la eliminación del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP).
Según el análisis, eliminar el IDP habría tenido el mismo efecto en la reducción del precio al consumidor, sin necesidad de reajustes presupuestarios, sin la intervención de importadores y sin la necesidad de una negociación legislativa a puerta cerrada. El IDP, en el caso de las gasolinas, tiene un monto por galón comparable al del subsidio aprobado. La pregunta central planteada es: ¿por qué optar por la solución más costosa?
La respuesta, según Jacobs, radica en los intereses políticos. Eliminar el IDP implicaría renunciar a un ingreso fácil para los políticos, un impuesto que no les cuesta recaudar y que a menudo pasa desapercibido para la mayoría de la población. Además, les impediría presentarse como benefactores al regalar dinero a los contribuyentes. Jacobs denuncia que, para regalar un quetzal al contribuyente, primero se le quitan al menos tres quetzales a través de diversas dependencias y trámites burocráticos, para luego devolverle una pequeña parte.
El autor destaca que el IDP es, en esencia, inconstitucional, calificándolo de impuesto zombi técnicamente muerto, pero que sigue en vigor gracias a maniobras legales de legisladores anteriores que lograron evadir la Corte de Constitucionalidad y cometer un fraude de ley. Jacobs afirma que a todos los políticos les conviene mantener el IDP en esta situación, ya que les permite seguir recaudando ingresos sin generar mayor atención pública.
La resistencia de los políticos a eliminar el IDP se evidencia en las declaraciones de funcionarios que se oponían a siquiera considerar la posibilidad. Algunos diputados de la oposición propusieron la eliminación del IDP, pero Jacobs sugiere que esta propuesta no se basaba en principios, sino que era una herramienta de negociación. El autor denuncia que estos diputados no resistieron una presión de Q800 millones, como lo denunciaron otros legisladores cercanos al oficialismo. Si bien no afirma esto como un hecho consumado, considera que un aumento repentino en una negociación política cerrada debe generar sospechas.
Además del cuestionamiento sobre el origen de los fondos adicionales, Jacobs advierte sobre los efectos negativos del subsidio en la función de los precios. Los precios actúan como señales que indican la abundancia o escasez de un bien, permitiendo a los consumidores tomar decisiones informadas. Al bajar artificialmente el precio de los combustibles, se distorsiona esta señal, lo que puede llevar a un consumo excesivo y a una menor capacidad de ajuste cuando el subsidio expire.
Jacobs estima que el subsidio se agotará en un plazo de 60 a 70 días, en lugar de los 90 días prometidos por los políticos, lo que generará un aumento repentino del precio y dificultará la adaptación de las personas y las empresas.
La solución correcta, según el análisis, sería eliminar el IDP y respetar la sentencia constitucional, lo que no requeriría una legislación compleja, sino únicamente voluntad política y decencia. Jacobs lamenta que esta solución no se haya tomado debido a la falta de estos elementos. En resumen, el subsidio aprobado representa una medida costosa, ineficiente y con posibles intereses ocultos, que perpetúa un impuesto inconstitucional y distorsiona la función de los precios en el mercado.
