El Gobierno nacional avanzará en las próximas horas con el envío al Congreso del proyecto de ley que habilitará el pago del acuerdo alcanzado con los fondos de inversión que litigaban contra Argentina por la deuda declarada en default en 2001. La iniciativa, que ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica para su firma por parte del presidente Javier Milei, busca obtener respaldo parlamentario para formalizar el entendimiento.
Desde el Ejecutivo informaron que el texto está en revisión final y se espera su remisión al Congreso entre hoy y mañana. Los equipos técnicos ya habrían concluido la revisión de los detalles de la iniciativa, optando por la vía legislativa para fortalecer institucionalmente el acuerdo. Si bien el oficialismo se mantiene reservado sobre el monto y la modalidad de pago, argumentando confidencialidad sobre los términos pactados, la decisión refleja la intención de asegurar una base sólida para el acuerdo.
La base formal del acuerdo ya fue presentada ante la justicia de Nueva York el pasado 10 de abril. En ese documento, los abogados del país informaron a la jueza Loretta Preska que el 1 de abril se había firmado un acuerdo definitivo, sujeto a la aprobación del Congreso argentino. Se anticipó también que el proyecto sería enviado al Congreso la semana siguiente, cumpliendo con los plazos establecidos.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores liderado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos judiciales firmes contra Argentina a raíz de la cesación de pagos de 2001. La disputa abarcaba reclamos por cerca de 600 millones de dólares entre ambos expedientes, aunque fuentes cercanas al caso señalan que el monto final del acuerdo podría ser inferior, considerando que parte del colateral de los bonos Brady ya había sido ejecutado por los acreedores.
La negociación también permitió suspender, al menos temporalmente, otras medidas de ejecución que se mantenían activas en Estados Unidos. Entre ellas, se encontraba el intento de Bainbridge de embargar activos estatales, como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, un frente que quedó en pausa a la espera de la formalización legislativa de la salida al conflicto.
La decisión de presentar un proyecto de ley al Congreso indica que el oficialismo busca cerrar uno de los litigios pendientes del default de 2001 con el aval del Poder Legislativo, y no solo a través de una decisión administrativa. El Gobierno considera que esta vía reduce el riesgo de futuras impugnaciones y otorga mayor solidez política a un acuerdo que, por el momento, se mantiene bajo reserva.
Este movimiento se produce en paralelo a la reciente victoria de Argentina en la apelación relacionada con YPF, un expediente que resultó favorable al país, aunque aún está sujeto a posibles recursos en la justicia estadounidense. La estrategia general está siendo coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
La Casa Rosada busca demostrar que su estrategia internacional se basa en dos pilares: la defensa de los expedientes que considera abiertos y la desactivación, por la vía política y legislativa, de aquellos litigios que se encaminan hacia una solución negociada. El proyecto que Milei enviará al Congreso se enmarca en esta lógica y tiene como objetivo cerrar uno de los capítulos que permanecían pendientes desde el colapso de la deuda de 2001.
La iniciativa legislativa representa un paso importante en la resolución de los conflictos legales heredados del pasado, buscando brindar mayor previsibilidad y estabilidad a la economía argentina. La aprobación del proyecto en el Congreso permitirá al Gobierno cumplir con los compromisos asumidos y avanzar en la normalización de las relaciones con los acreedores internacionales. Se espera que el debate en el Congreso genere un amplio consenso, dada la importancia de cerrar este capítulo y sentar las bases para un futuro financiero más sólido.
