Santo Domingo.- El precio del ajo ha experimentado un aumento significativo en la provincia Santo Domingo, pasando de RD$150 a RD$200 la libra, generando preocupación entre los comerciantes detallistas y el impacto directo en el bolsillo de los consumidores, especialmente aquellos de menores ingresos. Los comerciantes detallistas han solicitado al Gobierno medidas urgentes para estabilizar los precios y evitar que continúe esta alza.
Ceferino Leyba, presidente de la Federación de Comerciantes Detallistas de Santo Domingo, acompañado de representantes de una decena de organizaciones del sector, hizo un llamado al Ministerio de Agricultura para que adopte acciones que permitan controlar la situación. Leyba explicó que los detallistas se encuentran excluidos del proceso de otorgamiento de permisos de importación de ajo, lo que limita la competencia y, consecuentemente, eleva el costo del producto en el mercado local.
Según los comerciantes, estos permisos de importación estarían siendo concedidos a sectores que no pertenecen al comercio tradicional, lo que ha provocado distorsiones en la cadena de suministro y ha contribuido al aumento de los precios. El ajo que antes comprábamos a RD$150 la libra ahora está a RD$200, y ese aumento inevitablemente se traslada al consumidor final , afirmó Leyba, lamentando el impacto directo que esto tiene en los hogares más vulnerables.
En este contexto, el dirigente solicitó la intervención del presidente Luis Abinader para que instruya a las autoridades competentes a revisar el proceso de asignación de permisos de importación, con el objetivo de garantizar mayor equidad y transparencia. La petición busca asegurar que los comerciantes detallistas tengan acceso a estos permisos, lo que permitiría una mayor competencia y, por ende, precios más justos para los consumidores.
Apolinar Leyva, presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes Detallistas de Santo Domingo, detalló que la falta de acceso a los permisos de importación ha obligado a muchos comerciantes a adquirir el producto a intermediarios a precios más elevados. Esta situación ha provocado la quiebra de cientos de pequeños comerciantes y pérdidas económicas significativas, estimadas en miles de millones de pesos, aunque aún no han sido cuantificadas con precisión.
Los comerciantes han intentado reunirse en varias ocasiones con el ministro de Agricultura para exponer sus demandas y buscar soluciones, pero no han recibido respuesta, lo que ha dificultado el diálogo y la búsqueda de un acuerdo. Somos quienes llevamos los productos directamente a las familias, especialmente a las más pobres. Si no se nos permite importar, los precios seguirán subiendo y el impacto será mayor , advirtió Leyba.
Los representantes del sector reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para garantizar el abastecimiento del mercado a precios justos, insistiendo en la necesidad de incluir a los comerciantes detallistas en los mecanismos de importación como una vía para reducir costos y evitar prácticas monopólicas en el sector. Consideran que su participación en el proceso de importación es fundamental para asegurar una distribución más eficiente y equitativa del ajo, beneficiando tanto a los comerciantes como a los consumidores.
La situación actual del ajo es un reflejo de las dificultades que enfrentan los pequeños comerciantes en el acceso a los permisos de importación de productos básicos, lo que limita su capacidad para competir y ofrecer precios competitivos. Los comerciantes detallistas argumentan que la exclusión del proceso de importación los coloca en una desventaja frente a otros actores del mercado, lo que se traduce en un aumento de los precios para los consumidores y una disminución de sus ingresos.
La Federación de Comerciantes Detallistas de Santo Domingo y la Asociación de Pequeños Comerciantes Detallistas de Santo Domingo esperan que el Gobierno tome en consideración sus demandas y adopte medidas urgentes para estabilizar los precios del ajo y garantizar el acceso a este producto básico para todas las familias dominicanas. La resolución de esta situación es crucial para proteger el poder adquisitivo de los consumidores y apoyar la economía de los pequeños comerciantes.
