Fantome Group, creada en 2018 y con una planta en Villa Devoto, Buenos Aires, llegó a emplear a más de 120 personas en su apogeo, aunque actualmente la nómina se ha reducido a unos 20 empleados. El Juzgado Comercial N 4 calificó el proceso como de alta complejidad (Proceso A) debido a la magnitud de su pasivo y la cantidad de acreedores involucrados. La empresa, que fabricaba para marcas reconocidas como Kevingston, Legacy y Billabong, sufrió un duro golpe en 2020 con la pérdida de su principal cliente, Kevingston, que optó por reemplazar la producción local con importaciones directas.
A pesar de los esfuerzos por diversificar su cartera de clientes, incluyendo a Distrinando (licenciataria de Kappa, Reebok y Crocs), Fantome Group denunció que la apertura indiscriminada de importaciones en 2025 y la competencia diabólica con productos del exterior terminaron por erosionar sus ingresos. La situación financiera se volvió insostenible el 14 de julio de 2025, cuando dos embargos judiciales por juicios laborales, por montos superiores a $78 millones y $52 millones respectivamente, inmovilizaron sus cuentas bancarias. Esta parálisis de la cadena de pagos, sumada a tasas de interés consideradas abusivas por la empresa, la obligó a solicitar el concurso preventivo.
Actualmente, Fantome Group enfrenta más de 20 juicios laborales y acumula un historial de 33 cheques rechazados desde 2025, por un monto total que supera los $45 millones, de los cuales solo se han abonado $5,2 millones. La Justicia ordenó la inhibición general de bienes de la sociedad y la designación de un síndico para auditar sus números. Los acreedores tendrán hasta el 17 de junio para solicitar la verificación de sus créditos, mientras que la empresa tendrá hasta el 20 de abril de 2027 para presentar una propuesta de acuerdo a sus acreedores.
La compañía apuesta a potenciar su unidad de bordado y estampado, actualmente su principal fuente de facturación, y a la venta minorista a través de una marca propia con un local en Belgrano. El concurso preventivo es el remedio legal para superar esta difícil coyuntura y mantener las fuentes de trabajo , señalaron desde el Directorio de la firma.
Por otro lado, Ted Bodin, con más de 40 años de trayectoria en el mercado local, también obtuvo la apertura de su concurso preventivo tras declararse en estado de cesación de pagos. El Juzgado Comercial N 14 dictó la resolución bajo las reglas de los grandes concursos debido a su situación financiera crítica. La empresa, fundada en 1984 y gestionada desde 2011 por sus actuales accionistas, acumula un pasivo estimado de $2005 millones, frente a un activo de aproximadamente $780 millones. El balance de 2025 cerró con una pérdida superior a los $350 millones, una tendencia que la administración prevé que se profundizará este año.
La crisis de Ted Bodin se atribuye a una combinación de factores económicos, incluyendo una caída en las ventas de unidades superior al 40% durante el último año, impulsada por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo de sus clientes. La empresa intentó mitigar el impacto con medidas como cambios en los diseños, diversificación de productos, reducción de márgenes de utilidad, ofertas, ventas en cuotas y descuentos por pago en efectivo, pero sin éxito.
La competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu, el auge del comercio electrónico y los elevados costos operativos, especialmente los alquileres de locales en shoppings con ajustes por IPC que superaron su capacidad de generación de ingresos, también contribuyeron a la crisis. Ted Bodin cuenta actualmente con 34 empleados y una red de ocho locales en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y ciudades del interior como Córdoba, Rosario, Neuquén y Salta.
El desglose de la deuda incluye acreedores comerciales ($704,7 millones), deudas fiscales ($689,8 millones) e indemnizaciones y deudas sociales (más de $610 millones en conjunto). La administración de la empresa reconoció que los esfuerzos por mantener la planta de personal y los puntos de venta han fracasado, y que la compañía se debate entre su continuidad con una severa reestructuración o su cierre definitivo.
El juzgado decretó la inhibición general de bienes de la concursada y ordenó a las entidades bancarias abstenerse de pagar los cheques de pago diferido librados con anterioridad a la presentación judicial, buscando preservar la igualdad de los acreedores . Los acreedores tienen plazo hasta el 18 de junio para presentar sus pedidos de verificación de créditos, mientras que Ted Bodin tiene hasta el 5 de abril de 2027 para evitar la quiebra, fecha límite para negociar con sus acreedores y formular propuestas de acuerdo. La situación de ambas empresas refleja las dificultades que atraviesa el sector textil argentino, afectado por la competencia de las importaciones, la inestabilidad económica y la pérdida de competitividad.
