El presidente Gustavo Petro ha intensificado el conflicto con los alcaldes del país, advirtiendo con la destitución inmediata de aquellos que no presenten iniciativas de acuerdo para abordar el reciente aumento del avalúo catastral y los consecuentes bloqueos viales. La Federación Nacional de Departamentos (FND) ha respondido con un fuerte respaldo a los alcaldes, defendiendo su autonomía y legitimidad democrática.
El mandatario, a través de su cuenta en la red social X, responsabilizó directamente a las autoridades territoriales por la situación, amenazando con sanciones disciplinarias si no se logran propuestas para levantar los bloqueos que han afectado a varias regiones del país. Petro afirmó categóricamente que los alcaldes que no cumplan con esta exigencia alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía . Además, dirigió una advertencia específica al gobernador de Santander, instándolo a coordinar con los alcaldes de su departamento para trabajar en acuerdos sobre la tasa predial en los concejos municipales.
Esta postura ha generado una ola de reacciones y controversia, llevando a la FND a expresar su solidaridad con los alcaldes, calificándolos como autoridades legítimamente elegidas por la ciudadanía. En un comunicado oficial, la FND enfatizó que los alcaldes ejercen sus funciones con plena legitimidad democrática y que la Constitución Política de Colombia establece claramente la autonomía de las entidades territoriales.
La FND argumenta que la Constitución establece que los alcaldes, como jefes de la administración local elegidos por voto popular, no están sujetos a subordinación jerárquica por parte del Gobierno nacional. La organización advirtió que cualquier afirmación que sugiera la facultad del presidente para ordenar la remoción inmediata de los alcaldes carece de fundamento legal, ya que su permanencia en el cargo está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley.
El comunicado de la FND también recordó casos anteriores en los que decisiones de órganos de control fueron revertidas para proteger los derechos fundamentales de las autoridades electas. Es particularmente relevante recordar que incluso decisiones adoptadas por órganos de supervisión respecto de autoridades electas por voto popular han sido revocadas, en garantía de la protección de los derechos políticos y la autonomía territorial , señaló la organización.
La FND hizo un llamado a la prudencia en el discurso público, instando a la responsabilidad institucional en el uso del lenguaje, con el fin de evitar la generación de desinformación o interpretaciones que puedan afectar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático. La entidad insistió en que la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales debe darse en un marco de respeto mutuo, la legalidad y el orden constitucional.
El presidente Petro, por su parte, ha defendido el aumento del avalúo catastral como una medida necesaria para poner al día los impuestos, de acuerdo con la ley y el acuerdo de paz. El mandatario ha reiterado que el objetivo del gobierno es que los más ricos paguen impuestos, buscando una mayor equidad en el sistema tributario. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar las protestas y el descontento de la población, que teme un aumento significativo en la carga tributaria.
La situación se agrava en Santander, donde el presidente Petro acusó al gobernador de engañar a la población al atribuir el problema del avalúo catastral a la nación. El mandatario instó al gobernador a coordinar con los alcaldes del departamento para trabajar en acuerdos sobre la tasa predial en los concejos municipales.
El conflicto entre el gobierno nacional y los alcaldes se produce en un contexto de tensiones políticas y sociales, marcado por las protestas y los bloqueos viales en varias regiones del país. La FND ha expresado su preocupación por la escalada de la confrontación y ha reiterado su compromiso con la defensa de la autonomía territorial y la legitimidad democrática de los alcaldes.
La postura de la FND refleja el creciente malestar de las autoridades locales ante lo que consideran una injerencia del gobierno nacional en sus competencias y una falta de respeto por la autonomía territorial. La organización ha advertido que cualquier intento de destituir a los alcaldes por motivos políticos o sin el debido proceso legal sería una violación de la Constitución y un ataque a la democracia.
El debate sobre el avalúo catastral y la autonomía territorial se ha convertido en un punto de inflexión en la relación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. La resolución de este conflicto requerirá un diálogo constructivo y un compromiso con el respeto mutuo, la legalidad y el orden constitucional. De lo contrario, la tensión podría escalar aún más, generando una crisis institucional y socavando la confianza en las instituciones democráticas. La FND ha dejado claro que defenderá a los alcaldes y su derecho a gobernar sus territorios dentro del marco de la ley.
