La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad iniciar una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, debido a las fallas en la distribución del material electoral el pasado domingo 12 de abril, lo que impidió que más de 50 mil ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto. La decisión responde a las denuncias ciudadanas reportadas a través de diversos medios de comunicación.
La pesquisa, que tendrá una duración de 30 días hábiles (hasta el 26 de mayo), podría derivar en un proceso disciplinario contra Corvetto, con la posibilidad de suspensión del cargo. El titular de la ONPE dispondrá de diez días hábiles para presentar su informe de descargo, adjuntando las pruebas que considere pertinentes y accediendo al expediente a través de la mesa de partes virtual de la JNJ.
Paralelamente, la JNJ ha solicitado a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto, ocurrido en julio de 2024. Este informe adicional busca proporcionar a la Junta elementos de análisis más completos para evaluar la situación, en el marco de sus competencias constitucionales. La institución enfatizó que estas acciones se llevan a cabo en estricto cumplimiento de sus funciones y con pleno respeto al debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
El incidente electoral del 12 de abril afectó a más de 52 mil electores en 187 mesas de votación, quienes no pudieron sufragar debido a la falta de material electoral. La jornada se caracterizó por el caos, el desorden, la confusión y el malestar generalizado en diversos centros de votación a nivel nacional.
Expertos en derecho constitucional y penal, como Óscar Urviola y Gilmar Andía, advirtieron sobre la posibilidad de una suspensión de Corvetto por parte de la JNJ, en caso de que se inicie un proceso disciplinario. Sin embargo, ambos juristas expresaron su preocupación por la posibilidad de que la investigación se realice de manera apresurada, considerando que se encuentra en curso un proceso electoral crucial.
Urviola calificó la investigación preliminar como pertinente y consideró que lo ocurrido representa una irresponsabilidad por parte de Corvetto. No obstante, enfatizó la importancia de llevar a cabo el proceso de manera oportuna y sin apresuramientos, dada la posibilidad de alteraciones en el proceso electoral en caso de un relevo inesperado en la titularidad de la ONPE. Advirtió que cualquier sanción contra Corvetto podría tener repercusiones en la segunda vuelta electoral.
Andía, por su parte, manifestó que, si bien es importante investigar lo sucedido, la decisión de la JNJ podría tener un carácter político , estimando que se acelerará la investigación con el objetivo de suspender a Corvetto. Señaló que la JNJ podría optar por un procedimiento exprés, similar al utilizado en casos anteriores como el de Patricia Benavides.
En paralelo a la investigación de la JNJ, la Fiscalía de la Nación, encabezada por Tomás Gálvez, ha iniciado dos líneas de investigación. Una de ellas se centra en la presunta comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución del material electoral. Gálvez señaló que existe la presunción de una concertación ilegal que podría configurar el delito de colusión.
El fiscal también denunció una grave negligencia por parte del jefe de la ONPE, destacando la falta de diligencia en la ejecución del proceso electoral. Cuestionó la selección de la empresa Galaga, señalando que ha sido sancionada previamente por la misma ONPE y que resulta incomprensible que haya ganado la licitación para el proceso electoral más importante del país.
Gálvez aclaró que no correspondía la detención en flagrancia de Corvetto, como solicitó el candidato Rafael López Aliaga, ya que, a su juicio, no se evidencia un delito en flagrancia, sino una grave negligencia.
La Policía Nacional, a través de la Dirección contra la Corrupción, detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Piero Corvetto reconoció públicamente las fallas en la distribución del material electoral y ofreció disculpas personales e institucionales , atribuyendo el problema al incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga. Asimismo, se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones.
La Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Corvetto y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a una sesión programada para el martes 14 de abril, a partir de las 2 pm. El objetivo de la citación es que ambos funcionarios informen sobre las causas de las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril, así como sobre las medidas correctivas y los planes de contingencia implementados.
El pliego de consultas que deberán responder los titulares del JNE y la ONPE incluye preguntas sobre las causas estructurales, técnicas y operativas de las fallas, las responsabilidades funcionales y administrativas derivadas de las mismas, los procesos de contratación de proveedores, las fallas del sistema digital electoral, las medidas correctivas implementadas, los criterios para la aplicación de la valla electoral y la cifra repartidora, y las garantías para restablecer la confianza ciudadana en los resultados del proceso electoral.
