Honduras se enfrenta a una preocupante realidad: la proliferación de armas de fuego en manos de estructuras criminales, a pesar de los esfuerzos policiales por decomisarlas. Un reciente operativo en febrero de 2026, en un refugio de la Mara Salvatrucha (MS-13) a unos 25 kilómetros de Omoa, Cortés, reveló la magnitud del problema, con el hallazgo de al menos 15 fusiles de guerra y 12 armas comerciales, además de municiones, uniformes policiales y droga. Este decomiso, el más reciente de gran envergadura, se suma a los cientos de armas incautadas cada año, pero los expertos advierten que la cantidad real de armamento ilegal en circulación es mucho mayor.
Según datos de la Policía Nacional, analizados por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium, entre 2018 y 2025 se han decomisado un total de 37,177 armas de fuego en Honduras. De estas, un 9.8% son fusiles, un porcentaje significativo que refleja la presencia de armamento de alto poder en el país. Sin embargo, lo decomisado representa solo una fracción del problema, ya que las autoridades reconocen que la cantidad de armas que circulan en Honduras, especialmente las de uso prohibido, es considerablemente mayor.
El análisis de los datos revela una tendencia preocupante: el aumento de decomisos en 2024, con un total de 6,926 unidades, seguido de un descenso notable en 2025, con 3,606 armas decomisadas. Más de la mitad del armamento incautado corresponde a pistolas (52.7%), seguidas de revólveres (26.4%), lo que sugiere que muchos ciudadanos portan armas sin haberlas registrado legalmente.
Desde una perspectiva geográfica, los departamentos de Olancho, Colón y Yoro se destacan como las zonas con mayor cantidad de armamento decomisado por cada 10 mil habitantes, evidenciando la concentración de armas en estas regiones. En los últimos ocho años, se han decomisado 2,772 armas de uso prohibido, incluyendo fusiles AK-47 y AR-15, utilizados por las estructuras del crimen organizado. El operativo de Omoa, donde se encontraron al menos 15 fusiles de guerra, ilustra la capacidad de estas organizaciones para adquirir y ocultar armamento de alto poder.
Las investigaciones indican que la MS-13, junto con su rival, la pandilla 18, y otras estructuras dedicadas al narcotráfico, compran fusiles de guerra a guatemaltecos a través de contactos que operan en las fronteras. La facilidad con la que estas armas ingresan al país y la falta de controles efectivos en las fronteras son factores clave que contribuyen a la proliferación del armamento ilegal.
Sin embargo, el problema no se limita a la adquisición de armas. Los especialistas advierten que las unidades decomisadas a menudo terminan en almacenes de la Policía, donde permanecen durante años sin someterse a auditorías periódicas ni seguir los procedimientos establecidos para su adecuada destrucción. Esta situación genera un riesgo significativo de que las armas vuelvan a caer en manos criminales, ya sea a través de robos o por la infiltración de miembros de las pandillas en las instituciones de seguridad.
Nelson Castañeda, director de seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señala que las autoridades no cumplen con el procedimiento legal para la destrucción de las armas decomisadas. Según la ley, la Policía Nacional debe proceder a la destrucción de las armas después de cinco años si no se ha solicitado su devolución, pero este proceso se ve obstaculizado por la falta de mecanismos y herramientas eficientes para realizar las pericias necesarias.
Existe el riesgo de que, a partir de que esas armas empiezan a almacenarse por años, vuelvan a las manos de estructuras criminales que tienen infiltrados en esas instituciones y que empiezan a sacar o robar ese armamento y vuelven a circular , advierte Castañeda.
La situación se agrava por la falta de una entidad especializada y permanente dedicada a la coordinación de la destrucción sistemática de las armas decomisadas. Aunque existe el decreto 101-2018 (Ley de Control de Armas de Fuego), que asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de destruir las armas en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, la implementación de esta ley se ve obstaculizada por decisiones judiciales tardías o inexistentes.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-Unah), destaca que entre 2005 y 2024, 73,600 personas perdieron la vida en Honduras a causa de armas de fuego, lo que representa el 79.1% del total de homicidios. Sin embargo, la Policía a menudo no puede determinar qué tipo de arma se utilizó en un homicidio, a menos que el caso sea investigado a fondo y se llegue a una conclusión judicial.
Ante esta situación, los expertos recomiendan implementar medidas más estrictas para controlar el tráfico ilícito de armas en aduanas y puntos ciegos, prohibir el porte y uso de armas en lugares públicos y recreativos, y fortalecer la coordinación entre las autoridades para garantizar la destrucción segura y transparente de las armas decomisadas. Además, se considera fundamental establecer un registro balístico universal para rastrear las armas utilizadas en los crímenes y facilitar las investigaciones.
La falta de un protocolo permanente y transparente para la destrucción de armas, junto con la fragilidad de los sistemas de cadena de custodia, generan almacenes saturados de armas, lo que aumenta el riesgo de que sean sustraídas y que nadie sea responsabilizado. La situación exige una respuesta integral y coordinada por parte del gobierno, que incluya la asignación de recursos suficientes, la capacitación del personal y la implementación de políticas públicas efectivas para combatir la proliferación de armas y reducir la violencia en Honduras. La sociedad civil también tiene un papel importante que desempeñar, observando el proceso de destrucción de armas y exigiendo transparencia y rendición de cuentas a las autoridades.
