La ciudad de Bogotá se encuentra conmocionada tras la muerte de Juan Sebastián Romero, un diseñador gráfico de 39 años que perdió la vida luego de recibir un disparo en el pecho el pasado 26 de junio de 2026. El trágico suceso ocurrió en las instalaciones de la empresa donde trabajaba, ubicada en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital colombiana. El hecho ha desencadenado una intensa disputa legal y un clamor de justicia por parte de sus allegados, quienes denuncian que el proceso judicial no avanza con la celeridad ni la transparencia requeridas.
La familia de Romero Macías, oriundo de Honda, Tolima, ha expresado una profunda preocupación respecto a la calificación penal que se le ha dado al caso. Actualmente, los familiares reclaman que el hecho sea investigado como un homicidio doloso —es decir, con intención de matar— y no como un homicidio culposo, que implicaría un accidente o negligencia. Esta distinción es fundamental para el proceso, especialmente considerando que la persona vinculada al caso permanece en libertad mientras las investigaciones continúan.
Uno de los puntos más críticos de la controversia es el acceso a la prueba reina del caso: un video que registró lo ocurrido. Según declaraciones de los familiares, la fiscal encargada ha ordenado la recolección de pruebas y la realización de entrevistas, pero la familia denuncia que se les ha negado el acceso al único video que documenta el momento del disparo. Diego Romero, hermano de la víctima, manifestó que la fiscal se ha limitado a narrar el contenido del video, pero que ellos no han tenido la oportunidad de verlo directamente.
De acuerdo con el relato de Diego Romero, basándose en lo que la Fiscalía le ha informado, el video fue proporcionado por el abogado del presunto responsable, Jonathan Trujillo, quien es el dueño de la empresa y jefe de Juan Sebastián. En dicha grabación, se evidenciaría que Trujillo manipuló un arma de fuego durante un lapso de entre 10 a 15 minutos, cargándola y descargándola justo al lado de la víctima antes de que se produjera el disparo fatal. Para la familia, este comportamiento descarta cualquier posibilidad de accidente, argumentando que un hombre adulto y consciente no puede manipular un arma de esa manera durante tanto tiempo sin intención.
El entorno laboral de Juan Sebastián Romero también ha sido puesto bajo la lupa. Sus familiares sostienen que el diseñador, quien trabajó durante varios años para dos marcas de la empresa, padecía presunto acoso laboral. Según Diego Romero, su hermano había manifestado por escrito su intención de renunciar debido a los malos tratos y a que no se le realizaban los pagos correspondientes, situaciones que el joven había comunicado en repetidas ocasiones.
Los hechos posteriores al disparo también han generado dudas. Tras la detonación, Jonathan Trujillo trasladó a Romero a un centro asistencial, pero abandonó el lugar poco después. La familia fue notificada de la tragedia a través de una llamada telefónica realizada por Trujillo a la novia de la víctima. En dicha comunicación, el jefe del diseñador habría dicho: “Allá dejé a Juan y yo estoy con mi abogado”. Al llegar al centro médico, el personal de urgencias informó a los familiares que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En cuanto a la respuesta corporativa, la marca Amateur, con la cual Juan Sebastián colaboró durante ocho años, manifestó su pesar por el fallecimiento del diseñador. La empresa indicó que ha mantenido reserva respecto a los detalles por respeto a la investigación judicial en curso y aseguró estar dispuesta a colaborar plenamente con las autoridades competentes.
A pesar del dolor, los allegados de Romero destacan el legado humano del diseñador. A través de su pasión por el skate, Juan Sebastián logró impactar positivamente la vida de numerosos niños, alejándolos de malas influencias y acercándolos a una comunidad deportiva. Esta huella personal quedó evidenciada en su funeral, al cual asistieron cientos de personas provenientes de Colombia y Estados Unidos para rendir homenaje a quien describieron como una "muy buena persona".
Actualmente, la familia se encuentra en un estado de incertidumbre. Según el sistema Spoa, la última actuación procesal registrada fue el 4 de julio, y hasta el 16 de julio no se han reportado nuevos avances. Los familiares continúan exigiendo a la Fiscalía General de la Nación transparencia total, acceso inmediato a las pruebas videográficas y una calificación penal acorde a la gravedad de los hechos para que el crimen no quede impune.
