El presidente Gustavo Petro ha desatado una nueva controversia a nivel nacional al señalar a las autoridades municipales como responsables del incremento en el impuesto predial, generando protestas en regiones como Santander. A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado explicó que el aumento se compone de una tasa definida por los concejos municipales, a iniciativa de los alcaldes, y una base establecida por el avalúo catastral. Petro enfatizó que el avalúo catastral no ha sido modificado en los últimos 20 años, y pidió a los alcaldes priorizar impuestos más altos para haciendas no productivas, lotes de engorde en el casco urbano , mientras que se apliquen tarifas más bajas a campesinos, pequeños productores agrarios y dueños de casas de estrato 1, 2 y 3 .
Sin embargo, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) ha rechazado rotundamente las declaraciones presidenciales, calificándolas de irresponsables y demagógicas . Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación, afirmó que los municipios están cumpliendo con la ley, específicamente con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro.
Fedemunicipios argumenta que los alcaldes no están actuando de manera arbitraria al definir los avalúos catastrales, sino que están cumpliendo con el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Esta ley ordena la actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La Federación advierte que esta medida ha tenido impactos sociales y administrativos significativos en los territorios, incluyendo el aumento de la inconformidad ciudadana y las reclamaciones, a pesar de que los municipios no tienen competencia para determinar los avalúos.
La actualización catastral, ordenada por el gobierno Petro a través de la Ley 2294 de 2023, busca modernizar el sistema de avalúo, que efectivamente no se había revisado a fondo en dos décadas. El objetivo es reflejar el valor real de las propiedades, lo que a su vez impacta en el cálculo del impuesto predial. Sin embargo, la implementación de esta actualización ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes han visto un aumento significativo en sus facturas de impuestos.
Fedemunicipios señala que la falta de información clara y la ausencia de una estrategia de comunicación efectiva por parte del Gobierno Nacional han contribuido a la desinformación y a la afectación de la gobernabilidad local. La Federación solicita una mayor articulación y pedagogía por parte del gobierno para explicar los motivos de la actualización catastral y sus implicaciones, así como para aclarar las responsabilidades de cada entidad en el proceso.
La discusión sobre el impuesto predial y el avalúo catastral pone de manifiesto la complejidad de la política fiscal en Colombia y la necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Mientras que el gobierno busca modernizar el sistema y aumentar la recaudación para financiar sus programas sociales, los municipios se enfrentan a la presión de los ciudadanos y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal de sus territorios.
El conflicto entre el presidente Petro y Fedemunicipios subraya la importancia de una comunicación clara y transparente en la implementación de políticas públicas que tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos. La falta de claridad y la atribución de culpas pueden generar desconfianza y polarización, dificultando la búsqueda de soluciones consensuadas.
La situación actual exige un análisis profundo de las causas del aumento del impuesto predial y la búsqueda de alternativas que permitan aliviar la carga fiscal de los ciudadanos, especialmente de aquellos que pertenecen a los estratos más bajos. Es fundamental que el gobierno nacional y los gobiernos locales trabajen en conjunto para encontrar soluciones que sean justas, equitativas y sostenibles a largo plazo.
La Federación Colombiana de Municipios insiste en que la responsabilidad de la actualización catastral recae en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en el Gobierno Nacional, quienes son los encargados de definir la metodología y los criterios para la valoración de las propiedades. Los municipios, por su parte, se limitan a aplicar la ley y a recaudar el impuesto predial de acuerdo con los avalúos establecidos.
En resumen, la controversia en torno al impuesto predial es un reflejo de las tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, así como de la complejidad de la política fiscal en Colombia. La resolución de este conflicto requiere un diálogo abierto y constructivo, una comunicación clara y transparente, y la búsqueda de soluciones que sean justas, equitativas y sostenibles para todos los ciudadanos.
