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La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) otorgó una placa de reconocimiento a Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de la República, en un acto que ha generado controversia y críticas debido al historial del legislador y las leyes impulsadas por el Congreso que han sido calificadas como procrimen y que favorecen la impunidad. La ceremonia, realizada en la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima el jueves 9 de abril, contó con la presencia de altos mandos policiales y personal civil de la institución.
El reconocimiento se basa en el respaldo que el Congreso, bajo la dirección de Rospigliosi, ha brindado a la Policía a través de la aprobación de leyes que, según la PNP, fortalecen la lucha contra la criminalidad organizada. Sin embargo, este gesto de agradecimiento se produce en un contexto delicado, considerando que Rospigliosi fue sentenciado en primera instancia por difamar a Delia Espinoza y es un impulsor de la Ley de Amnistía, una norma que otorga beneficios a miembros de las fuerzas del orden con sentencias firmes o procesos abiertos por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.
Durante la ceremonia, el general de la Policía Nacional, Víctor Revoredo, expresó la gratitud de la institución hacia Rospigliosi por el apoyo brindado desde el Parlamento Nacional. Nos sentimos gustosos de tenerlo aquí presente, y esta es una muestra de agradecimiento por todo el apoyo que usted ha brindado desde el Parlamento Nacional a la Dirincri en la lucha contra la criminalidad organizada , declaró Revoredo. Como acto protocolar, se entregó a Rospigliosi una gorra institucional de la PNP, simbolizando el reconocimiento y la estrecha coordinación con el Poder Legislativo policial en la defensa de la seguridad ciudadana .
Rospigliosi, por su parte, destacó la Ley 32130, que otorga a la PNP la facultad de llevar a cabo investigaciones preliminares en casos que antes eran competencia exclusiva de la Fiscalía. Según el presidente encargado del Congreso, esta norma reactivará la capacidad investigativa de la Policía y fortalecerá el trabajo de los detectives. No obstante, esta ley ha sido objeto de fuertes críticas por parte del Ministerio Público y de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
La Fiscalía de la Nación emitió un comunicado alertando que la Ley 32130 desnaturaliza el modelo de investigación penal y genera conflictos de competencia entre la PNP y el Ministerio Público. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Colegio de Abogados de Lima han señalado que la reforma abre las puertas a interferencias políticas, manipulación de pruebas y debilita la lucha contra el crimen y la corrupción. A pesar de la observación del Ejecutivo, el Congreso aprobó la ley por insistencia el 10 de octubre de 2024.
La Ley de Amnistía, también impulsada por Rospigliosi, ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes la consideran una medida que favorece la impunidad de las fuerzas del orden por presuntas violaciones a los derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en un comunicado titulado "La impunidad no oculta el delito, lo agiganta", alertó que esta norma podría poner en riesgo más de 150 casos con fallo firme y cerca de 600 procesos por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
La entrega de la placa de reconocimiento y la gorra institucional a Rospigliosi por parte de la Dirincri han sido interpretadas por algunos sectores como un acto de connivencia entre el Congreso y la Policía, y como un mensaje de impunidad para aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos. La situación plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho en el Perú. La controversia subraya la tensión existente entre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y la importancia de garantizar la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. El debate sobre las leyes impulsadas por el Congreso y su impacto en la lucha contra la criminalidad y la protección de los derechos fundamentales continúa abierto, generando preocupación en la sociedad civil y en la comunidad internacional.
