La Paz, 9 de abril de 2026 (ABI). El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue sentenciado a 10 años de cárcel, mientras que el exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, recibió una condena de seis años de prisión dentro del caso Coimas de 2023. La decisión fue emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, dentro del proceso iniciado tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023.
El caso Coimas fue investigado luego de detectarse una presunta red que recibía pagos irregulares a cambio de contrataciones en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua durante el gobierno del expresidente Luis Arce. La Dirección de Litigio de la Procuraduría General del Estado informó que la investigación concluyó con una sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios, entre ellos Santos Cruz y Valda.
El exministro Santos Cruz se encontraba detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro desde mayo de 2023, mientras que el exviceministro Valda Duarte fue favorecido con detención domiciliaria desde julio de ese mismo año. La sentencia representa un avance significativo en la investigación de casos de corrupción que salpicaron al gobierno anterior.
La lista de sentenciados la completan Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista, todos con condenas de seis años de prisión. Las investigaciones revelaron un patrón de conducta donde funcionarios públicos recibían sobornos para favorecer a determinadas empresas en procesos de contratación pública. La Procuraduría General del Estado ha trabajado diligentemente para desentrañar esta red de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia.
Además de las penas privativas de libertad, los sentenciados quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos o electivos una vez ejecutoriada la sentencia. Esta medida busca prevenir que los condenados puedan volver a ocupar posiciones de poder y repetir actos de corrupción. La inhabilitación es una herramienta importante para fortalecer la integridad del servicio público y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El fallo también instruye al Ministerio Público la identificación y el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita. Se busca recuperar los fondos desviados y destinarlos a programas sociales o proyectos de infraestructura que beneficien a la población. La recuperación de activos es un componente crucial de la lucha contra la corrupción, ya que permite reparar el daño causado al Estado y a la sociedad.
El caso habría generado un daño económico al Estado superior a Bs 19 millones. Esta suma representa recursos que podrían haber sido utilizados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, financiar proyectos educativos o fortalecer el sistema de salud. La corrupción desvía recursos esenciales y obstaculiza el desarrollo del país.
La Procuraduría General del Estado destacó que esta sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado. Se espera que este fallo sirva como un mensaje disuasorio para otros funcionarios públicos que puedan estar tentados a cometer actos de corrupción. La impunidad no puede ser tolerada, y aquellos que abusen de su poder deben ser responsabilizados por sus acciones.
La investigación del caso Coimas se inició a raíz de denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de contratos para la ejecución de proyectos relacionados con el agua potable y el saneamiento básico. Las denuncias señalaban que funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua recibían pagos ilegales a cambio de favorecer a determinadas empresas en los procesos de licitación.
Las autoridades competentes iniciaron una investigación exhaustiva que incluyó el análisis de documentos, la toma de declaraciones a testigos y la realización de allanamientos. La investigación permitió identificar a los principales implicados en la red de corrupción y reunir pruebas suficientes para iniciar el proceso judicial.
El juicio oral y público se llevó a cabo en el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz. Durante el juicio, se presentaron pruebas documentales y testimoniales que demostraron la culpabilidad de los acusados. Los abogados defensores intentaron desacreditar las pruebas presentadas por la Fiscalía, pero el tribunal consideró que las pruebas eran contundentes y suficientes para dictar una sentencia condenatoria.
La sentencia contra Santos Cruz y Valda Duarte es un paso importante en la lucha contra la corrupción en Bolivia. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos por delante. Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la investigación y persecución de delitos de corrupción, así como promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el sector público. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para prevenir y combatir la corrupción.
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