El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz dictó la Sentencia N 78/2026 en el denominado Caso Coimas, condenando a cinco exfuncionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua por un esquema de cobro de sobornos a empresas que se adjudicaban obras públicas. La sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en Bolivia y un precedente en la defensa del patrimonio estatal.
El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, recibió la pena más alta, con 10 años de prisión. El exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, fue sentenciado a seis años de prisión. Ambos funcionarios pertenecieron a la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) y fueron declarados culpables tras un proceso judicial que se inició en abril de 2023, a raíz de una denuncia que reveló el esquema de corrupción.
Junto a ellos, Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista también fueron condenados a seis años de reclusión cada uno. El tribunal dispuso, además de las penas privativas de libertad, la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos o electivos una vez que la sentencia quede firme.
La Procuraduría General del Estado, a través de su Dirección de Litigio Local, informó que acompañó el proceso en conjunto con el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Las autoridades enfatizaron que este fallo consolida la defensa del patrimonio estatal y sienta un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país.
La sentencia también instruye al Ministerio Público a avanzar en la identificación y decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita por los condenados, con el objetivo de resarcir al Estado por el daño económico superior a los 19 millones de bolivianos ocasionado.
La investigación, que comenzó con la denuncia presentada el 8 de abril de 2023, reveló un sistema organizado de cobro de sobornos a empresas que buscaban adjudicarse obras públicas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Las pesquisas permitieron establecer la participación de una red de funcionarios que facilitaban estos pagos ilegales a cambio de beneficios contractuales, distorsionando la competencia y perjudicando el interés público.
Según los antecedentes del proceso, al menos 15 personas fueron imputadas por la Fiscalía en esta causa. Si bien la sentencia conocida este jueves se refiere a cinco de los implicados, la investigación continúa en desarrollo para identificar y procesar a otros participantes de la red de corrupción.
El caso Coimas se suma a otros procesos judiciales en curso relacionados con la corrupción en Bolivia, lo que refleja un esfuerzo creciente por parte de las autoridades para combatir este flagelo y garantizar la transparencia en la gestión pública. La Procuraduría General del Estado ha manifestado su compromiso de continuar trabajando en la investigación y persecución de los delitos de corrupción, con el fin de recuperar los recursos públicos malversados y sancionar a los responsables.
La condena de altos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua envía un mensaje claro de que la corrupción no quedará impune en Bolivia. El fallo judicial representa un paso importante en la construcción de un sistema más justo y transparente, donde los recursos públicos sean utilizados en beneficio de la sociedad y no para el enriquecimiento ilícito de unos pocos.
El caso también subraya la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración entre las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción. La denuncia inicial que dio origen a la investigación fue fundamental para destapar el esquema de sobornos y llevar a los responsables ante la justicia.
Las autoridades han reiterado su compromiso de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, con el fin de prevenir la ocurrencia de nuevos casos de corrupción. Se están implementando medidas para mejorar la fiscalización de las obras públicas, fortalecer los sistemas de contratación y promover la participación ciudadana en el control de la gestión pública.
La sentencia en el Caso Coimas es un recordatorio de que la corrupción es un problema complejo que requiere de un esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad para ser combatido eficazmente. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son pilares fundamentales para construir un país más justo y próspero.
