La Legislatura del Chubut aprobó ayer, con una amplia mayoría, una ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de los detenidos en los establecimientos penitenciarios de la provincia. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Ignacio Nacho Torres, busca fortalecer la seguridad pública y prevenir la comisión de delitos desde las cárceles, como estafas y extorsiones, en consonancia con la legislación nacional vigente.
La sesión legislativa, presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, contó con el apoyo de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. Dentro del bloque Primero Chubut-CET, la diputada Tatiana Goic votó en contra, mientras que su colega Mariela Williams se sumó a la aprobación. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, también se opuso a la medida.
La nueva ley establece la prohibición del uso de celulares en todas las cárceles de Chubut, al tiempo que introduce un régimen de comunicaciones controladas que busca garantizar el derecho a la comunicación de los privados de libertad, respetando los derechos humanos.
La diputada María Andrea Aguilera, de Despierta Chubut y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, argumentó durante la presentación del proyecto que no se puede permitir que personas privadas de libertad continúen cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas, sino un lugar protegido por el Estado, desde el cual no se puedan seguir cometiendo delitos . Aguilera enfatizó la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar la seguridad pública, rechazando una visión distorsionada de los derechos humanos que, según su opinión, podría desproteger a las víctimas.
Otras diputadas de Despierta Chubut, Karina Otero y Leticia Magaldi, junto con sus compañeros de bloque Sergio Ongarato y Luis Juncos, expresaron su apoyo a la ley, destacando la importancia de defender a los ciudadanos chubutenses y combatir las redes delictivas.
Sonia Cavagnini, presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, señaló que la ley no vulnera los derechos de los presos, sino que previene a la ciudadanía de caer víctima de las redes delictivas que operan desde las cárceles. La cárcel debe ser un lugar de cumplimiento de la condena, pero también un espacio para la resocialización. No puede convertirse en un centro de operaciones delictivas. Esta medida no implica aislar a nadie, ni vulnerar sus derechos, sino ordenarlos , afirmó.
Mariela Williams, compañera de bloque de Goic, manifestó su apoyo al proyecto del Ejecutivo, aunque con reparos, considerándolo como el principio de una solución a un problema de larga data. Esta ley es la punta del ovillo para poner en el medio de la mesa un problema que tenemos que resolver , sostuvo.
Daniel Hollman, presidente del bloque Despierta Chubut, resaltó la necesidad de dar respuestas a la sociedad frente a la delincuencia. La realidad es una sola y nuestra responsabilidad es legislar para defender a todos los chubutenses , afirmó. Hollman agregó que el proyecto busca defender a todos los ciudadanos que trabajan y cumplen con las leyes, esperando que la Legislatura brinde las respuestas necesarias.
En contraposición, Tatiana Goic, de Primero Chubut-CET, justificó su voto negativo argumentando que el procurador general, Jorge Miquelarena, había cuestionado la falta de estadísticas y datos que respalden la incidencia de los celulares en la comisión de delitos. Además, Goic criticó la comunicación del Ejecutivo, que, según su opinión, tiende a estigmatizar a los presos con discursos de odio.
Juan Aquino, del Frente de Izquierda, también fundamentó su rechazo al considerar que no existen datos que demuestren la incidencia de los presos que cometen delitos con celulares, sino solo conjeturas.
La aprobación de esta ley representa un paso significativo en la lucha contra la delincuencia desde las cárceles en la provincia de Chubut, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. El gobierno provincial espera que esta medida contribuya a reducir la incidencia de delitos cometidos desde los establecimientos penitenciarios y a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. La implementación de un régimen de comunicaciones controladas permitirá a los detenidos mantener contacto con sus familias y abogados, garantizando su derecho a la comunicación, pero bajo estrictas medidas de seguridad que prevengan el uso indebido de dispositivos electrónicos.
