El Congreso argentino aprobó en la madrugada del jueves una polémica reforma a la Ley de Glaciares, permitiendo a las provincias redefinir las áreas protegidas para facilitar la explotación minera. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, generó una fuerte resistencia por parte de activistas ambientales y la oposición, quienes advierten sobre los riesgos para las reservas hídricas y el medio ambiente.
La reforma, que ya había sido aprobada por el Senado en febrero, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones tras casi 12 horas de debate en la Cámara de Diputados. El gobierno de Milei argumenta que la modificación es necesaria para atraer inversiones mineras y promover el desarrollo económico, calificándola de un paso hacia un federalismo ambiental inteligente y soberano .
Los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder , declaró Milei en un comunicado posterior a la votación. El oficialismo contó con el apoyo de aliados de derecha y legisladores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, regiones clave para los proyectos mineros y hogar de gran parte de los glaciares del país.
La aprobación de la reforma se produjo en medio de protestas masivas en todo el país, con manifestantes coreando consignas como el agua vale más que el oro y los glaciares no se tocan . Organizaciones ambientales han advertido que la medida agravará la crisis climática y han anunciado que la combatirán por la vía judicial.
Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea, incluyendo glaciares y glaciares de escombro, según un inventario nacional de 2018. Sin embargo, los glaciares en el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, han experimentado una reducción del 17% en la última década, principalmente debido al cambio climático, según datos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).
Los defensores de la reforma sostienen que la nueva ley aclarará criterios actualmente considerados imprecisos en relación con las áreas protegidas y devolverá a las provincias la facultad de decidir sobre sus propios recursos naturales. El diputado Carlos Jaime Quiroga, de San Juan, argumentó que la ley permitirá traer progreso y desarrollo a distintas regiones del país y rechazó la idea de que exista una oposición entre minería y protección ambiental.
Sin embargo, la oposición argumentó que la reforma es inconstitucional, ya que contradice tratados internacionales, y que pone en riesgo las reservas hídricas del país. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acusó a las empresas mineras de haber redactado la ley y de haber influido en el proceso deliberativo.
La sanción de la reforma representa un nuevo triunfo parlamentario para Milei, quien ya había logrado la aprobación de una flexibilización laboral en febrero, a pesar de las protestas callejeras. El mandatario ultraliberal busca potenciar la capacidad argentina en la explotación de recursos minerales como cobre, litio, oro y plata, tomando como modelo a Chile, el primer productor mundial de cobre.
Según proyecciones del Banco Central, las exportaciones mineras de Argentina podrían triplicarse para el año 2030. No obstante, Ferraro enfatizó que el desarrollo minero debe ser compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio .
Expertos ambientales han expresado su preocupación por la reforma. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que la ley está hecha a medida de grandes mineras transnacionales y que pone en peligro el agua del 70% de los argentinos . Pablo Villagra, director del IANIGLA, consideró que la reforma desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina al designio político de las autoridades competentes de cada provincia .
La protesta contra la reforma también se manifestó de forma directa frente al Parlamento, donde activistas de Greenpeace treparon a un monumento y desplegaron un cartel instando a los legisladores a no traicionar a los argentinos . Siete personas fueron arrestadas por la policía y bomberos intervinieron para retirar el cartel. Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina, advirtió que la crisis climática es una realidad global y que atentar contra los glaciares solo agravará la situación.
La aprobación de esta reforma marca un punto de inflexión en la política ambiental argentina, abriendo la puerta a una mayor explotación de los recursos minerales, pero también generando incertidumbre sobre el futuro de los glaciares y las reservas hídricas del país. El debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental continúa abierto, y se espera que la reforma sea objeto de impugnaciones judiciales y movilizaciones sociales en los próximos meses.
