Tegucigalpa, Honduras 9 de abril de 2026 Una propuesta para involucrar al Congreso Nacional en el nombramiento del jefe de las Fuerzas Armadas ha desatado una intensa controversia en Honduras, exponiendo profundas divisiones entre los partidos políticos, la institución castrense y la comunidad jurídica. La iniciativa, que busca modificar el proceso actual de designación, ha generado advertencias sobre la posible politización de las Fuerzas Armadas, así como argumentos a favor de una mayor transparencia y control civil.
La propuesta, presentada por el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, contempla una reforma constitucional que retornaría al sistema anterior, donde el jefe del Estado Mayor Conjunto era electo por el Congreso Nacional a partir de una terna propuesta por la junta de comandantes. Para su aprobación, se requerirían los 86 votos constitucionales. Segura argumenta que esta medida busca fortalecer la independencia institucional y evitar la influencia política en un nombramiento crucial para la seguridad nacional.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado resistencia tanto dentro del oficialismo como en la oposición. El Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder, ha expresado su preocupación de que la propuesta no garantice la autonomía de las Fuerzas Armadas, sino que, por el contrario, las someta a los intereses del gobierno de turno. El congresista de Libre, Mario Portillo, criticó lo que considera un intento de centralizar el poder en manos del poder legislativo y ejecutivo, acusando al gobierno de replicar las prácticas que antes denunciaba en la oposición. Ahora vemos un control absoluto del poder legislativo, el ejecutivo y ahora el poder judicial, y ahora las Fuerzas Armadas. Todo el discurso que vendieron de que Libre quería tener el control absoluto del Estado es lo que hoy estamos viendo , declaró Portillo.
Por su parte, el Partido Nacional, a través del diputado Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, ha defendido la iniciativa, argumentando que busca desligar la política del nombramiento y promover un análisis transparente. Bertrand hizo referencia a incidentes pasados, como la participación de militares en el proceso electoral anterior, y advirtió sobre el riesgo de que figuras como el ex-presidente Juan Orlando Hernández, quien fue acusado de utilizar las Fuerzas Armadas con fines políticos, vuelvan a poner en peligro la democracia del país. Tengo una finalidad y es evitar la politización que vimos de las Fuerzas Armadas en el último proceso electoral, evitar que haya más Roosevelt Hernández en el futuro que pongan en precario y en riesgo la democracia de este país , señaló el diputado nacionalista.
El debate también ha involucrado a analistas y expertos en materia constitucional. El general en condición de retiro, Luis Madonado Galeas, enfatizó la importancia de que el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto se base en los intereses nacionales. Mientras tanto, el experto legal Germán Licona señaló que la participación del legislativo podría interpretarse como un intento de fortalecer la independencia institucional, siempre dentro del marco del artículo 275 de la Constitución, que define el rol de las Fuerzas Armadas. Licona también observó que, históricamente, los jefes del Estado Mayor Conjunto no siempre han sido los candidatos mejor calificados. Claro que va a ser factible. Si usted analiza los últimos jefes de Estado Mayor Conjunto, mire unos cinco o ocho, ninguno de ellos fue el primer lugar , afirmó.
La discusión sobre el nombramiento del jefe de las Fuerzas Armadas se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Honduras, marcada por la violencia, el crimen organizado y la presencia de grupos armados. La iniciativa del Partido Liberal ha reabierto un debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad hondureña y la necesidad de establecer mecanismos de control civil que garanticen su independencia y profesionalismo.
La propuesta ha generado un intenso cabildeo entre los diferentes actores políticos, y se espera que el debate continúe en las próximas semanas en el Congreso Nacional. La aprobación de la reforma constitucional requerirá un amplio consenso entre los partidos políticos, lo que parece poco probable dada la polarización existente. El futuro del nombramiento del jefe de las Fuerzas Armadas y el equilibrio de poder entre el poder civil y militar en Honduras están en juego. La sociedad hondureña observa con atención el desarrollo de este debate, consciente de que la decisión que se tome tendrá un impacto significativo en la estabilidad y la democracia del país. La transparencia y la rendición de cuentas serán elementos clave para garantizar que el proceso de nombramiento se lleve a cabo de manera justa y equitativa, protegiendo los intereses nacionales y fortaleciendo las instituciones democráticas.
