La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado la apertura de su gobierno a la fracturación hidráulica, o fracking, para la extracción de gas natural, con el objetivo de disminuir la dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos. Esta decisión, revelada tras meses de señales ambiguas, ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones ambientalistas, movimientos progresistas y voces disidentes dentro del propio oficialismo.
El anuncio representa un cambio significativo respecto a la postura de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien impuso un veto al fracking durante su mandato. Sheinbaum ahora enfrenta el desafío de persuadir a diversos sectores de que es posible llevar a cabo la fracturación hidráulica de manera sostenible, como sugirió durante la conferencia donde se hizo público el anuncio.
La presidenta, quien cuenta con una formación académica en Física e Ingeniería en Energía y participó en investigaciones pioneras sobre el cambio climático en la década de los noventa, incluso formando parte del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2007 , había prometido durante su campaña mantener la prohibición del fracking, argumentando los altos requerimientos de agua y la dificultad de reutilizarla, especialmente en las regiones del centro-norte del país, donde la escasez hídrica es un problema crítico.
Sin embargo, al asumir la presidencia, Sheinbaum ha priorizado la soberanía energética de México sobre las preocupaciones ambientales, dando paso a un enfoque pragmático. Este cambio de rumbo se ha gestado de manera silenciosa. Un indicio temprano fue la negativa de Morena, el partido oficialista, en el Congreso a aprobar una enmienda constitucional que habría prohibido explícitamente el fracking, una decisión que, según fuentes internas, fue intencional para mantener abierta la posibilidad de su implementación.
Otro elemento clave fue la inclusión en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 de la reactivación de la evaluación de yacimientos de geología compleja un eufemismo para referirse al fracking , a través de esquemas contractuales que permitan la participación de inversión privada . Paralelamente, se destinó un presupuesto considerable a Pemex para rubros relacionados con este tipo de extracción.
La estrategia se ha ido perfilando en los últimos meses a través de reuniones entre especialistas y representantes del gobierno. Sheinbaum ha sido asesorada por un grupo de expertos que la han convencido de que la tecnología de fracturación hidráulica ha evolucionado, reduciendo sus impactos ambientales. Según la presidenta, se puede utilizar agua salada no potable, los químicos inyectados al subsuelo son menos agresivos e incluso pueden ser orgánicos, y el agua utilizada puede ser reutilizada.
No obstante, estas afirmaciones son refutadas por organizaciones ambientalistas, quienes sostienen que la fracturación hidráulica sostenible es una falacia. La Alianza Mexicana Contra el Fracking, que agrupa a más de 40 organizaciones, advierte que la tecnología sigue siendo inherentemente riesgosa y que la exploración de yacimientos requiere grandes cantidades de agua que, al contaminarse, no pueden ser recicladas ni reintegradas al ciclo natural. Además, el tratamiento de esta agua, aunque técnicamente posible, resulta económicamente inviable, ya que la industria prefiere utilizar agua dulce por su menor costo.
Otro punto de controversia es la consideración del gas natural como un combustible de transición hacia las energías limpias, argumentando que genera menos emisiones contaminantes. Las organizaciones no gubernamentales señalan que existe evidencia de que el uso del gas puede ser altamente contaminante debido a las emisiones de metano durante su extracción y transporte. Para los críticos, la apuesta por el gas confirma la dependencia de México de los combustibles fósiles, en detrimento de las fuentes renovables.
Los mayores yacimientos de gas no convencional se encuentran en el norte del país y en torno al Golfo de México, en estados como Coahuila, Tamaulipas, Puebla y Veracruz, regiones caracterizadas por su estrés hídrico. Pemex estima que estos campos contienen aproximadamente 141 billones de pies cúbicos de gas y espera comenzar a explotarlos en 2027, con una producción proyectada para 2035 de 3.196 millones de pies cúbicos diarios (Mmpcd) adicionales de gas no convencional y 960 Mmpcd de gas convencional, complementando los 4.154 Mmpcd de producción base de Pemex.
Actualmente, México consume 9.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales el 75% es importado de Estados Unidos. La extracción de gas mediante fracking es un proceso lento y costoso, por lo que el gobierno también está explorando esquemas de inversión público-privada para aliviar la carga financiera. Los empresarios esperan reformas fiscales que les otorguen beneficios para hacer rentables sus inversiones. El costo político de esta decisión recaerá sobre Sheinbaum, quien ha optado por desafiar las tendencias progresistas globales y sus propias promesas de campaña.
