El diputado Mario Zamora Gastélum denunció en la Cámara de Diputados una grave crisis de rentabilidad que afecta al campo sinaloense, derivada de un adeudo de aproximadamente 400 millones de pesos que el Gobierno federal mantiene pendiente con más de 23 mil productores. La falta de cumplimiento en los apoyos prometidos ha provocado movilizaciones y bloqueos de carreteras por parte de los agricultores, quienes ven comprometida su capacidad productiva y su subsistencia.
Durante su intervención en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador priista describió una situación crítica en la que los agricultores se ven obligados a abandonar sus labores para protestar por la falta de recursos. Los tractores, en lugar de estar en el campo trabajando, están sobre las carreteras, haciendo que el gobierno no cobre en las casetas, porque la gente del campo ya no aguanta más , enfatizó Zamora Gastélum.
El diputado explicó que, a pesar de la instalación de mesas de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República, los acuerdos alcanzados no se han traducido en pagos efectivos a los productores. Señaló que existen casos de adeudos que datan de hace más de un año, lo que agrava la desesperación y la frustración del sector agrícola.
La crisis se ve exacerbada por el contexto económico internacional, donde el precio del maíz, actualmente estimado en alrededor de 4 mil 100 pesos por tonelada, resulta insuficiente para cubrir los costos de producción. Estos costos se han incrementado significativamente debido al alza en los precios de insumos esenciales como el diésel y los fertilizantes, lo que reduce aún más los márgenes de ganancia de los agricultores.
Ante este panorama, el diputado Zamora Gastélum propuso una solución financiera que involucre la destinación de excedentes derivados de la venta de petróleo. Considerando que el precio actual del barril de petróleo ronda los 100 dólares, superando los 57 dólares proyectados, el legislador argumentó que estos recursos adicionales podrían utilizarse para financiar un plan de rescate para el campo sinaloense, el cual requeriría una inversión de aproximadamente 10 mil millones de pesos.
Además de la propuesta económica, el diputado hizo un llamado a las autoridades a privilegiar el diálogo con los representantes del sector agrícola y a evitar el uso de la fuerza pública para reprimir las manifestaciones. Zamora Gastélum expresó su preocupación por los reportes de presunta represión en protestas recientes y enfatizó la importancia de garantizar el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica.
El legislador concluyó su intervención con un mensaje de apoyo y solidaridad a los productores sinaloenses, destacando su papel fundamental en la producción de alimentos a nivel nacional. Nadie nos va a callar, aquí van a tener siempre a alguien que venga y hable por ustedes. ¡Arriba los campesinos sinaloenses! , declaró.
La situación en Sinaloa pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector agrícola ante las fluctuaciones económicas y la importancia de garantizar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales con los productores. La falta de apoyos económicos y la incertidumbre en los precios de los productos agrícolas amenazan la viabilidad de las empresas agrícolas y la seguridad alimentaria del país. La propuesta del diputado Zamora Gastélum de destinar excedentes petroleros al rescate del campo podría ser una alternativa para aliviar la crisis, pero su implementación requerirá de la voluntad política y la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno.
La protesta de los agricultores sinaloenses es un reflejo de la creciente tensión en el campo mexicano, donde la falta de oportunidades y la desigualdad económica han generado un clima de descontento y movilización social. La resolución de esta crisis requiere de un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la pobreza rural y promueva el desarrollo sostenible del sector agrícola. El diálogo, la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos son elementos clave para construir una relación de confianza entre el gobierno y los productores, y para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales.
