La Casa Rosada prohibió este lunes el acceso a periodistas de medios acusados de formar parte de una operación de inteligencia rusa destinada a desacreditar al Gobierno de Javier Milei. La medida, que tomó por sorpresa a los afectados, se implementó a través de personal de Casa Militar apostado en la entrada de Balcarce 50, verificando la acreditación de cada ingresante.
Los medios afectados por la restricción son Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape. Los periodistas de estas redacciones no fueron notificados previamente sobre la prohibición, ni se les informó sobre su duración. En el Senado, que preside Victoria Villarruel, aseguraron no haber recibido instrucciones similares.
Según fuentes oficiales, la decisión se tomó como una medida preventiva para permitir la investigación de la presunta colaboración de estos medios en la operación rusa. El Gobierno retiró la huella de acceso de los periodistas hasta que se esclarezca la situación. En Casa Rosada aclararon que la responsabilidad recae sobre los medios involucrados, y no sobre los periodistas individualmente.
A partir del martes, las autoridades citarán a los directivos de los medios implicados para que brinden explicaciones sobre las acusaciones. Un funcionario advirtió que, de comprobarse su participación, podrían enfrentar una denuncia por traición a la patria . El Gobierno considera este asunto como una cuestión de seguridad nacional, debido a la posible injerencia extranjera en el país.
La medida se produce tras la revelación, el viernes pasado, de una investigación periodística que expuso la filtración de informes de inteligencia rusos. Estos documentos detallan una presunta campaña mediática y política para desacreditar al Gobierno de Milei durante 2024. La operación, orquestada por un grupo de espionaje ruso conocido como La Compañía , incluyó la difusión de noticias tanto verdaderas como falsas con el objetivo de fomentar divisiones internas en el oficialismo, apoyar a figuras opositoras e incluso generar conflictos con países vecinos.
El Gobierno ya había denunciado la actuación de La Compañía en junio de 2025, acusando a cinco ciudadanos rusos residentes en el país de desarrollar tareas sospechosas bajo coordinación del Kremlin. Sin embargo, la maniobra actual fue revelada a partir de 76 documentos a los que accedió el medio africano The Continent, y que luego fueron compartidos con un consorcio de medios de investigación integrado por openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), junto con Filtraleaks, liderado por el periodista argentino Santiago O Donnell.
La investigación periodística identificó una red para la distribución de contenidos mediáticos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales como una de las patas principales de la operación. El consorcio señaló más de 250 artículos de noticias, análisis y opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, con un costo estimado de al menos 283.100 dólares.
No obstante, la investigación también aclaró que no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién . Los medios consultados por el consorcio negaron haber recibido compensaciones por los artículos publicados.
La prohibición de acceso a Casa Rosada generó una fuerte reacción en el ámbito periodístico y político. La medida fue interpretada por algunos como una restricción a la libertad de prensa, mientras que otros la justificaron como una respuesta necesaria ante una amenaza a la seguridad nacional.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, evalúa replicar la medida en el Congreso, aunque primero se realizará una convocatoria a la comisión de Libertad de Expresión para debatir el tema. La decisión de Menem podría generar un debate aún más amplio sobre los límites de la libertad de prensa y la protección de la seguridad nacional.
El Gobierno insiste en que la medida es temporal y que se levantará una vez que se haya esclarecido la situación. Sin embargo, la falta de información detallada sobre las acusaciones y la ausencia de un plazo definido para la investigación generan incertidumbre y preocupación entre los periodistas afectados y en la comunidad periodística en general.
La situación plantea interrogantes sobre el impacto de la injerencia extranjera en los medios de comunicación argentinos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para garantizar la independencia y la credibilidad de la información. El caso también pone de manifiesto la importancia de la labor del periodismo de investigación para exponer las amenazas a la democracia y la seguridad nacional.
