El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en una situación delicada tras adelantar la fecha de las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026, una decisión que, según el partido Unidad Popular, imposibilita la cancelación de su organización y de Construye, basándose en el artículo 327 del Código de la Democracia.
El CNE, bajo la presidencia de Diana Atamaint, había determinado que Unidad Popular incurría en la causal de cancelación prevista en el numeral 7 del artículo 327, relacionada con la reducción de afiliados. Sin embargo, el presidente de la organización, Geovanni Atarihuana, argumenta que el mismo artículo, en su inciso final, establece una restricción crucial: la eliminación de un partido político solo puede ser resuelta hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.
Dado que la convocatoria a las elecciones seccionales está programada para el 1 de agosto de 2026, el CNE tenía como plazo límite para actuar hasta el 3 de abril. Al adelantar la fecha de las elecciones, el organismo electoral habría extinguido el plazo legal para proceder con la cancelación de Unidad Popular y Construye.
Atarihuana insiste en que el CNE carece de fundamentos legales para eliminar a su partido del registro electoral, afirmando que no se han evidenciado las supuestas desafiliaciones que motivarían la cancelación. El pasado 5 de abril, Unidad Popular presentó sus descargos dentro del plazo de 10 días establecido por el CNE.
El dirigente de Unidad Popular enfatiza que el CNE no puede desconocer la base de afiliados heredada del extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), que se fusionó con Unidad Popular en 2020. Esta fusión fue aprobada por el propio CNE, en ese entonces integrado por Diana Atamaint, Estela Acero y José Cabrera, a través de la resolución Nro. PLE-CNE-9-19-6-2020 del 19 de junio de 2020. La resolución se basó en el artículo 326 del Código de la Democracia, que establece que los afiliados de las organizaciones fusionadas pasan automáticamente a formar parte del nuevo partido.
Unidad Popular se prepara para presentar al CNE una base de datos que supera los 200.000 afiliados, respaldando su argumento de que cumple con los requisitos legales para mantener su personería jurídica. El artículo 526 del Código de la Democracia refuerza esta posición, al establecer que los afiliados de los partidos fusionados integran el nuevo partido, y que los adherentes de un movimiento que participa en la fusión adquieren la calidad de afiliados del nuevo partido.
Atarihuana recuerda que, como resultado de la fusión con el MPD, y según la información contenida en las resoluciones No. PLE-CNE-42-9-10-2012 del 9 de octubre de 2012 (aprobación del MPD) y No. PLE-CNE-1-5-10-2015 del 5 de octubre de 2015 (aprobación del Movimiento Unidad Popular), Unidad Popular, Lista 2, cuenta con un total de 206.771 afiliados.
Además, Atarihuana hace referencia a la resolución PLE-CPCCS-T-O-064-17-07-2018 del 17 de julio de 2018, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana Control Social Transitorio, que estableció que la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento Popular Democrático constituyó una vulneración a los derechos de participación de sus afiliados.
La situación plantea interrogantes sobre la estrategia del CNE y la validez de sus acciones en relación con la cancelación de partidos políticos. La decisión de adelantar las elecciones seccionales, aunque pueda tener motivaciones diversas, ha tenido un efecto directo en el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye, brindándoles un respiro legal y obligando al CNE a reconsiderar su postura.
El caso de Unidad Popular pone de manifiesto la importancia de la interpretación y aplicación rigurosa del Código de la Democracia, así como la necesidad de garantizar el derecho a la participación política de las organizaciones y sus afiliados. La controversia generada por esta situación podría tener implicaciones significativas en el panorama político ecuatoriano y en la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
La presentación de la base de datos de afiliados por parte de Unidad Popular será un momento clave en este proceso, y el CNE deberá analizar cuidadosamente la información proporcionada para determinar si cumple con los requisitos legales establecidos. La resolución final del CNE en este caso sentará un precedente importante para futuros procesos de cancelación de partidos políticos en Ecuador.
La defensa de Unidad Popular se centra en la legalidad de la fusión con el MPD y en la transferencia automática de los afiliados, argumentando que el CNE ya había reconocido y aprobado esta situación en el pasado. La organización espera que el CNE respete sus propias resoluciones anteriores y desista de cualquier intento de cancelación.
El debate sobre la cancelación de partidos políticos en Ecuador es un tema recurrente, y a menudo se relaciona con la polarización política y las tensiones entre el gobierno y la oposición. La decisión del CNE en el caso de Unidad Popular podría tener un impacto significativo en la dinámica política del país y en la estabilidad de las instituciones democráticas.
La situación actual exige transparencia y rigor legal por parte del CNE, así como un diálogo constructivo con las organizaciones políticas afectadas. La confianza ciudadana en el proceso electoral depende de la imparcialidad y la objetividad de las autoridades electorales.
