El Gobierno retiró un decreto que modificaba la Ley Karin, generando controversia y acusaciones de un retroceso en la protección contra el acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo. La decisión, confirmada por la diputada Ana María Gazmuri y defendida por el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, ha desatado un debate sobre la implementación efectiva de la ley y la protección de las víctimas.
La diputada Gazmuri denunció la medida a través de sus redes sociales, mostrando el oficio N 10, de fecha 5 de marzo de 2026, emitido por la Jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo. El documento oficializa el retiro del trámite de toma de razón del decreto que modificaba el decreto N 21 de 2024, el cual aprueba el reglamento que establece las directrices para los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo.
Gravísimo retroceso , escribió Gazmuri en su cuenta de X (anteriormente Twitter). El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable . La diputada enfatizó que la decisión no se trata de una simple modificación técnica, sino de un debilitamiento deliberado de las protecciones existentes para las personas que sufren acoso en sus lugares de trabajo.
El oficio de la Subsecretaría del Trabajo, al que tuvo acceso BioBioChile, confirma la retirada del decreto, sin ofrecer una justificación detallada en el documento mismo. Esta falta de transparencia inicial alimentó las críticas y las acusaciones de la oposición.
Ante la creciente polémica, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, salió al paso para defender la decisión del Gobierno. En declaraciones a La Tercera, Rosende aseguró que la ley sigue plenamente vigente y que no se está debilitando ninguna obligación. Explicó que el retiro del decreto se debe a la necesidad de revisarlo para asegurar que el nuevo reglamento sea efectivo y realmente proteja a las personas.
Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas , afirmó Rosende.
El subsecretario también destacó que el proceso de revisión se está llevando a cabo en consulta con diversos actores relevantes, incluyendo representantes de trabajadores, empleadores y otras organizaciones. Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes , añadió.
La Ley Karin, promulgada en 2019, tiene como objetivo prevenir, detectar y sancionar el acoso laboral en todas sus formas. La ley establece la obligación de los empleadores de adoptar medidas para prevenir el acoso, investigar las denuncias y sancionar a los responsables. También protege a las víctimas de represalias y les otorga el derecho a ser indemnizadas por los daños sufridos.
La modificación que ahora ha sido retirada por el Gobierno buscaba clarificar y fortalecer los procedimientos de investigación establecidos en el reglamento de la ley. La diputada Gazmuri argumenta que el decreto retirado establecía protocolos más claros y obligatorios para las empresas, lo que facilitaría la investigación de las denuncias y la protección de las víctimas.
La decisión del Gobierno ha generado preocupación entre organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores, quienes temen que el retraso en la implementación de un reglamento más efectivo pueda dejar a las víctimas más vulnerables al acoso laboral.
La controversia también ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación entre los diferentes poderes del Estado en la implementación de políticas públicas. La diputada Gazmuri criticó la falta de diálogo entre el Gobierno y el Congreso en este caso, y acusó al Ejecutivo de actuar de forma unilateral.
El subsecretario Rosende, por su parte, defendió la autonomía del Gobierno para tomar decisiones en materia de regulación laboral. Sin embargo, reconoció la importancia de mantener un diálogo abierto con el Congreso y con los demás actores relevantes para asegurar que las políticas públicas sean efectivas y respondan a las necesidades de la sociedad.
El futuro de la regulación del acoso laboral en Chile sigue siendo incierto. El Gobierno ha prometido presentar un nuevo proyecto de decreto en los próximos meses, pero aún no se ha definido un cronograma claro. Mientras tanto, la Ley Karin sigue vigente, pero su implementación efectiva depende de la voluntad política y de la capacidad de los diferentes actores para llegar a un acuerdo sobre los procedimientos de investigación y las sanciones correspondientes.
La situación actual plantea interrogantes sobre el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos de los trabajadores y la lucha contra el acoso laboral. La oposición ha anunciado que seguirá presionando al Ejecutivo para que reconsidere su decisión y presente un nuevo proyecto de decreto que fortalezca la protección de las víctimas. El debate sobre este tema seguramente continuará en los próximos meses, y su resultado tendrá un impacto significativo en la vida de millones de trabajadores en Chile.
