El gobierno de José Antonio Kast ha puesto en pausa las modificaciones al reglamento de la Ley Karin, que busca mejorar los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. La decisión, que implica el retiro de la Toma de Razón del Decreto N 10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la Contraloría General de la República (CGR), ha generado críticas y preocupación en la administración saliente y en organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
El decreto, ingresado a Contraloría seis días después del cambio de mando, fue propuesto por la Subsecretaría del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric. Su objetivo era abordar las dificultades detectadas durante el primer año de implementación de la Ley Karin, que entró en vigor en 2022. Según la administración anterior, el alto volumen de denuncias recibidas había tensionado los procedimientos institucionales, haciendo necesario introducir mejoras para agilizar y clarificar los procesos de investigación.
Ximena Valencia, ex jefa de asesores de la cartera de Trabajo durante el gobierno de Boric, explicó que las modificaciones buscaban resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización . Las actualizaciones al reglamento pretendían optimizar la aplicación de la ley, garantizando una mejor protección a las víctimas y un debido proceso para todas las partes involucradas.
Sin embargo, el gobierno de Kast ha decidido suspender la tramitación del decreto para llevar a cabo una revisión exhaustiva. La diputada Ana María Gazmuri fue una de las primeras en expresar su preocupación a través de la red social X, acusando al gobierno de debilitar la protección a víctimas al retroceder justo antes de aplicar la Ley Karin.
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, defendió la decisión del gobierno, asegurando que la ley sigue plenamente vigente y que no se está debilitando ninguna obligación. Rosende explicó que la revisión del decreto tiene como objetivo asegurar que el nuevo reglamento sea efectivo y realmente proteja a las personas.
Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas , sostuvo Rosende.
El subsecretario también enfatizó que el proceso de revisión se está llevando a cabo en consulta con diversos actores, incluyendo representantes de trabajadores, empleadores y otras organizaciones relevantes. El gobierno se ha comprometido a presentar una nueva propuesta que respete y promueva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa.
Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes , agregó Rosende.
A pesar de las declaraciones del gobierno, la administración anterior ha manifestado su inquietud por el riesgo de que eventuales modificaciones debiliten los principios fundamentales de la Ley Karin, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Desde el gobierno de Boric advierten que cualquier ajuste debe realizarse respetando estos estándares.
La decisión de retirar la Toma de Razón del decreto se suma a la revisión de más de 100 decretos y proyectos impulsados por la administración anterior, lo que ha sido una constante en los primeros días del gobierno de Kast. Esta política de revisión total ha generado debate sobre el impacto que tendrá en las políticas públicas y en la continuidad de los programas sociales.
La antigua administración explicó que las modificaciones al decreto ingresadas a Contraloría no se comunicaron en las reuniones de traspaso de mando debido a su estado de tramitación. Al tratarse de una propuesta técnica que aún estaba bajo revisión al momento de las bilaterales, no calificaba como un acto administrativo finalizado para ser incluido en las minutas formales.
El caso de la Ley Karin pone de manifiesto la tensión entre el nuevo gobierno y la administración saliente, así como la importancia de garantizar la protección de las víctimas de acoso laboral y sexual. La sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres estarán atentas a la evolución de este proceso y a la presentación de la nueva propuesta por parte del gobierno de Kast. La efectividad de la Ley Karin y la protección de los derechos de las personas en el ámbito laboral dependen de una implementación cuidadosa y respetuosa de sus principios fundamentales.
