El expresidente peruano Alberto Fujimori impidió una operación policial para capturar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1990, con el objetivo de tener un pretexto para dar un golpe de Estado dos años después, según denuncias del teniente general de la Policía peruana, Félix Murazzo Carrillo. La revelación, publicada por el diario peruano La República , arroja nueva luz sobre los oscuros años del conflicto interno en Perú y las estrategias utilizadas por el gobierno de Fujimori para mantenerse en el poder.
Murazzo, quien dirigía el Equipo de Investigaciones Encubiertas e Inteligencia de la Dirección Contra el Terrorismo (Dincote), afirma que la captura de Guzmán en diciembre de 1990 habría frustrado los planes de Fujimori de tomar el control del Estado mediante un golpe. El gobierno de Fujimori había proyectado hacer un golpe de Estado a nombre de la lucha contra el terrorismo y si Abimael Guzmán hubiera sido capturado en 1990, ya no tendría argumentos para la asonada del 5 de abril de 1992. Por eso, Fujimori y Montesinos bloquearon la captura de Guzmán , declaró Murazzo.
La operación para capturar a Guzmán se gestó en 1988, durante la presidencia de Alan García, cuando Sendero Luminoso intensificó sus ataques en Lima. El equipo de Murazzo, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, logró rastrear a Guzmán hasta una vivienda en la calle Buenavista 265, en Santiago de Surco, ubicada a pocos metros de la Comandancia General del Ejército. La información fue confirmada mediante análisis grafológicos de documentos encontrados en la basura y la interceptación de comunicaciones telefónicas.
A pesar de la solidez de la evidencia, la operación fue inexplicablemente suspendida. Murazzo relata que varios mandos militares y policiales, incluyendo el director de la Policía Nacional, el general Adolfo Cubas Escobedo, recibieron órdenes por orden de Palacio de Gobierno para detener la captura. La intervención de Vladimiro Montesinos, el influyente asesor de Fujimori, fue clave para bloquear la operación.
Murazzo lamenta que la demora en la captura de Guzmán tuvo consecuencias devastadoras para el país. De haberse consumado la operación prevista en 1990, pudieron haberse salvado miles de vidas , afirma. Señala específicamente los asesinatos de María Elena Moyano (1992), el atentado de Tarata en Miraflores (1992) y la masacre de La Cantuta (1992), así como la explosión de numerosos coches bomba y la muerte de aproximadamente 2.000 personas inocentes.
El conflicto interno peruano, que se desarrolló entre 1980 y 2000, dejó un saldo trágico de alrededor de 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación. Los tribunales peruanos han dictado sentencias definitivas en aproximadamente 150 casos relacionados con el conflicto, mientras que más de 600 casos permanecen pendientes de resolución.
Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue condenado por múltiples crímenes de lesa humanidad, incluyendo masacres y violaciones de los derechos humanos, así como por la esterilización forzada de miles de mujeres, en su mayoría indígenas. El expresidente falleció el 11 de septiembre de 2024.
Montesinos, por su parte, huyó de Perú en 2001, pero fue capturado en Venezuela y condenado a 25 años de prisión por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Actualmente cumple su condena en la prisión naval de El Callao, en Lima.
La denuncia de Murazzo reabre viejas heridas y plantea interrogantes sobre el verdadero alcance de las acciones del gobierno de Fujimori en la lucha contra el terrorismo. La revelación sugiere que la captura de Abimael Guzmán fue utilizada como una herramienta política para justificar un golpe de Estado y consolidar el poder de Fujimori, a costa de la vida de miles de peruanos. La información proporcionada por Murazzo podría tener implicaciones significativas en la revisión de los casos relacionados con el conflicto interno y la búsqueda de justicia para las víctimas.
