En medio de un nuevo estado de excepción decretado en Ecuador para combatir al crimen organizado, el gobierno del presidente Daniel Noboa y la Unión Europea han oficializado la ratificación de un acuerdo de colaboración con Europol en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo. El convenio, inicialmente firmado el 23 de septiembre de 2025 durante la 80 sesión de la Asamblea General de la ONU por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, busca fortalecer el trabajo conjunto de las autoridades de ambas partes en la prevención y persecución de delitos graves y actos terroristas.
Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en suscribir un acuerdo de este tipo con el grupo europeo, marcando un paso significativo en la cooperación internacional en materia de seguridad. El pacto incluye salvaguardias específicas para la protección de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales, asegurando que la colaboración se realice dentro de un marco legal respetuoso de los derechos humanos.
La ratificación se concretó con la firma del decreto por parte del presidente Daniel Noboa y su publicación en el Registro Oficial el 30 de marzo de 2026. Para el gobierno ecuatoriano, este acuerdo representa una herramienta clave para ampliar las capacidades de cooperación bilateral en materia de seguridad, especialmente en un momento de creciente desafío para la seguridad nacional.
Ambas partes han coincidido en que el pacto refleja el compromiso de enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional y refuerza la cooperación internacional en seguridad, reconociendo la necesidad de una respuesta coordinada ante las amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
El nuevo estado de excepción, decretado el jueves, tiene una duración de 60 días y afecta a nueve de las 24 provincias del país, incluyendo Quito y Guayaquil, las principales ciudades, así como a cuatro municipios de otras tres provincias. Esta medida responde a la escalada de violencia que ha sumido a Ecuador en una crisis de seguridad, con el objetivo de restablecer el orden y combatir el crimen organizado.
Durante el estado de excepción, se han suspendido los derechos de inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin orden judicial e interceptar comunicaciones. Las Fuerzas Armadas también se han desplegado para ejecutar operativos contra organizaciones criminales en coordinación con la Policía, intensificando la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la violencia.
El decreto, emitido en vísperas del feriado de Semana Santa, se centra principalmente en las provincias de la costa, región donde operan bandas dedicadas al narcotráfico que utilizan Ecuador como ruta para enviar cocaína producida principalmente en Colombia hacia Europa y Estados Unidos. Entre las jurisdicciones incluidas figuran Esmeraldas y El Oro (fronterizas con Colombia y Perú), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha (donde se ubica Quito) y Sucumbíos, provincia amazónica en la que recientemente se realizaron operativos coordinados con Estados Unidos para desmantelar campamentos de los Comandos de la Frontera.
Desde 2024, tras la declaración de la guerra al crimen organizado por parte del presidente Daniel Noboa, se han decretado varios estados de excepción, algunos de alcance nacional, en un esfuerzo por frenar el auge de la violencia criminal. Sin embargo, Ecuador continúa liderando las tasas de homicidios en Latinoamérica, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, lo que subraya la magnitud del desafío que enfrenta el país.
El toque de queda nocturno anterior, impuesto desde el 15 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, finalizó a las 05:00 del lunes pasado, dejando un saldo superior a mil detenidos. El Ministerio del Interior reportó 1.283 detenciones, en su mayoría por violaciones al toque de queda, mientras que el Ministerio de Defensa registró 806 capturas y la destrucción de 47 objetivos militares, entre ellos caletas de armas, centros de mando y pistas clandestinas.
Durante la vigencia de la medida, las autoridades incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares en efectivo, y destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zonas de minería ilegal, evidenciando la intensidad de los operativos realizados y la cantidad de armamento y explosivos que circulan en el país.
El ministro del Interior, John Reimberg, ha destacado que las operaciones continuarán en todo el país. Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos , declaró, reafirmando el compromiso del gobierno con la lucha contra el crimen organizado. Además, subrayó que en 2025 lograron capturar a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos , resaltando los avances logrados en la desarticulación de las estructuras criminales.
La ratificación del acuerdo con la Unión Europea y Europol, en este contexto, se presenta como un componente crucial de la estrategia del gobierno ecuatoriano para fortalecer la seguridad nacional y combatir el crimen organizado, buscando el apoyo y la colaboración internacional para enfrentar un desafío que requiere una respuesta integral y coordinada. La cooperación con Europol permitirá a Ecuador acceder a información, tecnología y experiencia en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, mejorando su capacidad para prevenir, investigar y perseguir estos delitos.
