La Federación de Víctimas de las Farc (FEVCOL) solicitó formalmente a la magistrada Lily Rueda de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que cite a comparecer a la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, en el marco del macrocaso 07. Este caso investiga los crímenes de violencia sexual, abuso infantil y abortos forzados cometidos por miembros de la extinta guerrilla de las Farc. La solicitud se basa en la posición de Ramírez dentro de la organización, como expareja del líder guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo , y su alto rango dentro de la estructura de mando.
FEVCOL argumenta que Ramírez posee información crucial que podría contribuir significativamente a la investigación y determinar su posible responsabilidad como máxima responsable en estos crímenes. La organización de víctimas enfatiza la necesidad de agilizar la citación para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas de estos atroces hechos. Estas conductas de extrema gravedad comprometen directamente su responsabilidad dentro de la estructura de mando y requieren su comparecencia efectiva ante la jurisdicción , señala el documento presentado ante la magistrada Rueda.
La federación no se limita a solicitar la citación, sino que también insta a la magistrada a evaluar la posibilidad de imponer una medida cautelar de detención en contra de la congresista, quien actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Esta solicitud refleja la gravedad de las acusaciones y la preocupación de las víctimas por la posible obstrucción de la justicia.
La solicitud de FEVCOL se produce en un momento delicado para el proceso de paz en Colombia, donde la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto armado sigue siendo un tema central. La JEP, encargada de investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante la guerra, ha enfrentado críticas tanto por su lentitud como por la falta de avances en algunos casos clave.
Además de la solicitud de citación a Ramírez, FEVCOL denunció amenazas y hostigamientos contra Deysi Guanaro, una testigo y víctima clave dentro del macrocaso 07. Según la denuncia, las disidencias de la Segunda Marquetalia estarían detrás de estas acciones, con el objetivo de silenciar a Guanaro e impedir que colabore con la justicia.
La situación no solo pone en riesgo a la testigo, sino también a su núcleo familiar y a sus representantes judiciales , advierte la carta presentada por FEVCOL. La organización exige a la JEP tomar medidas urgentes para proteger a Guanaro y garantizar su seguridad, así como la de su familia y abogados.
La denuncia de amenazas contra Guanaro pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las víctimas y testigos que se atreven a denunciar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. La Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc que no se acogió al acuerdo de paz, ha sido acusada de continuar con actividades criminales en varias regiones del país, incluyendo el reclutamiento forzado, el narcotráfico y las extorsiones.
La citación a Sandra Ramírez, si se concreta, podría representar un avance significativo en la investigación del macrocaso 07 y en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de violencia sexual y abuso infantil cometidos por las Farc. Sin embargo, el proceso se prevé complejo y lleno de desafíos, dada la sensibilidad del tema y la posible resistencia de algunos sectores a revelar información sobre los crímenes cometidos durante el conflicto.
La JEP deberá evaluar cuidadosamente la solicitud de FEVCOL y determinar si existen elementos suficientes para citar a Ramírez a comparecer. En caso de que decida hacerlo, deberá garantizar el debido proceso y los derechos de la congresista, al tiempo que protege los derechos de las víctimas y garantiza la seguridad de los testigos.
El caso de Sandra Ramírez y el macrocaso 07 son un recordatorio de la necesidad de seguir avanzando en el proceso de paz en Colombia, con un enfoque en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La JEP juega un papel fundamental en este proceso, y su capacidad para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado es esencial para construir un futuro de paz y reconciliación en el país.
La situación de Deysi Guanaro también subraya la importancia de proteger a las víctimas y testigos que colaboran con la justicia. El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar su seguridad y de brindarles el apoyo necesario para que puedan participar en el proceso judicial sin temor a represalias. La impunidad de los agresores y la falta de protección a las víctimas solo perpetúan el ciclo de violencia y socavan la confianza en el sistema judicial.
La Federación de Víctimas de las Farc ha reiterado su compromiso de seguir luchando por los derechos de las víctimas y de exigir que se haga justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. La organización ha anunciado que continuará presentando denuncias ante la JEP y otras instancias judiciales, y que seguirá acompañando a las víctimas en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral.
