El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) ha decidido solicitar a la Asamblea General que considere brindar apoyo técnico, financiero y especializado a México en la investigación de las desapariciones forzadas, una medida que ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno mexicano. La decisión del CED se basa en información que sugiere la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en el país.
El comité, en un comunicado, explicó que esta medida excepcional busca movilizar la atención y el apoyo internacionales para la búsqueda e investigación de los desaparecidos, así como para esclarecer los vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales. No obstante, el CED aclaró que este procedimiento preventivo no tiene como objetivo establecer responsabilidad penal individual, y que su función no es la de una comisión de investigación.
La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar. A través de la cancillería, se calificó la decisión del CED como tendenciosa y se argumentó que no refleja la realidad actual del país, que, según el gobierno, está en un proceso de transformación estructural en materia de derechos humanos. La cancillería enfatizó que el gobierno mexicano no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas .
El gobierno mexicano argumenta que el marco utilizado por el CED para considerar la remisión del caso a la Asamblea General que implica la comisión generalizada y sistemática de desapariciones por agentes del Estado, junto con la falta de cooperación de las autoridades no se ajusta a la situación actual en México.
Además, la cancillería acusó al CED de parcialidad y sesgo al basar su decisión en información de casos ocurridos entre 2009 y 2017, omitiendo los esfuerzos institucionales realizados desde 2018 hasta la fecha. También se denunció una falta de rigor jurídico en la argumentación del comité y se alertó sobre posibles conflictos de interés de algunos de sus integrantes, señalando que al menos uno de ellos habría trabajado para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.
El anuncio del CED se produce una semana después de que el gobierno mexicano presentara su informe más reciente sobre el tema, en el que se registra un total de 130.178 personas desaparecidas en México desde 2006. Esta crisis humanitaria se intensificó a raíz de la implementación de una polémica ofensiva militar del Estado contra el crimen organizado.
A pesar de la controversia, el CED subraya que no ha encontrado pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, y que en muchos casos estos actos son perpetrados por grupos delictivos y no por agentes del Estado. Sin embargo, el comité advierte que ha recibido información fundamentada que apunta a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia en algunos casos.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, explicó que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados desde las más altas esferas del gobierno. Lo crucial, según Albán-Alencastro, es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil .
La resolución del CED se basa en información proporcionada por la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano a una solicitud de información en 2025, y datos recopilados por el comité desde 2012 a través de exámenes periódicos, una visita al país en 2021 y denuncias de víctimas.
La situación plantea un desafío diplomático para México y pone de relieve la gravedad de la crisis de desapariciones en el país. La decisión del CED de buscar el apoyo de la Asamblea General podría intensificar la presión internacional sobre el gobierno mexicano para que adopte medidas más efectivas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, y para garantizar la rendición de cuentas de los responsables. El debate sobre la naturaleza y el alcance de la responsabilidad del Estado en estos crímenes continúa abierto, y la controversia entre el CED y el gobierno mexicano refleja las profundas divisiones que existen en torno a este tema.
