La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador, un apoyo económico crucial para adultos mayores y personas con discapacidad, enfrenta cambios significativos para 2026, generando preocupación y reclamos debido a la reducción de rubros elegibles y persistentes retrasos en los pagos. A pesar de la digitalización del proceso, los problemas de eficiencia continúan afectando a cerca de 670.000 beneficiarios en el país.
Desde este año, la devolución del IVA se restringe a solo cuatro categorías de consumo, limitando considerablemente el alcance del beneficio. Esto implica que únicamente los gastos realizados dentro de estos rubros específicos serán considerados para el reembolso, siempre y cuando estén respaldados por facturas electrónicas válidas. La exclusión de otros consumos que anteriormente calificaban ha provocado críticas entre los beneficiarios, quienes argumentan que esta medida impacta negativamente en su economía diaria.
Entre los consumos que ya no aplican para la devolución del IVA se encuentran aquellos relacionados con servicios de telefonía, internet, seguros, gastos médicos no esenciales, y otros bienes y servicios que antes eran elegibles. Esta reducción ha generado un debate sobre la efectividad del beneficio y su capacidad para cubrir las necesidades básicas de los sectores más vulnerables de la población.
El proceso de solicitud de devolución se realiza en línea a través del portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), donde los usuarios pueden revisar sus facturas, enviar la solicitud y realizar el seguimiento del trámite. El monto máximo mensual que se puede reclamar es de 144,60 dólares, y el derecho a presentar la solicitud se mantiene vigente hasta cinco años después de la fecha de la compra.
Sin embargo, a pesar de la plataforma digital, los usuarios enfrentan dificultades para acceder al sistema y validar sus facturas. En muchos casos, las facturas no aparecen automáticamente en el sistema, lo que obliga a los beneficiarios a realizar gestiones adicionales con documentos físicos y validaciones extra. Esta situación complica el proceso, especialmente para aquellos adultos mayores que no están familiarizados con la tecnología o que no tienen acceso a internet.
Además de las dificultades en el proceso de solicitud, los tiempos de pago son una fuente constante de preocupación para los beneficiarios. Aunque la normativa establece plazos de hasta 60 días para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad, en la práctica, la espera se extiende en muchos casos entre cinco y once meses. Algunos beneficiarios incluso denuncian que los pagos recibidos apenas cubren los consumos realizados hasta agosto de 2025, lo que evidencia un retraso significativo en el sistema.
El malestar generalizado ha llevado a grupos de adultos mayores y jubilados a recopilar pruebas y reactivar acciones legales, con el objetivo de visibilizar los atrasos y exigir una solución a las autoridades. Incluso, se ha planteado la posibilidad de llevar el tema a la Asamblea Nacional para que se revise la normativa y se implementen medidas que garanticen el cumplimiento de los plazos de pago.
Cuando el trámite es aprobado pero el dinero no se acredita en la cuenta del beneficiario, se recomienda verificar que los datos bancarios ingresados sean correctos y que no haya restricciones en la cuenta. En caso de persistir el problema, se debe contactar al SRI para solicitar una investigación y resolver la situación. Las causas más frecuentes de los retrasos en los pagos incluyen errores en los datos bancarios, problemas técnicos en el sistema, y demoras en la verificación de las facturas.
Para muchos usuarios, especialmente adultos mayores y cuidadores de personas con discapacidad, el trámite se ha vuelto más difícil y engorroso. La falta de automatización total y la necesidad de validaciones adicionales obligan, en algunos casos, a recurrir a terceros para completar el proceso, lo que implica costos adicionales y aumenta la vulnerabilidad de los beneficiarios.
La situación ha generado un debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema de devolución del IVA y de garantizar que los beneficiarios reciban el apoyo económico al que tienen derecho en tiempo y forma. Se han propuesto diversas medidas, como la simplificación del proceso de solicitud, la automatización de la validación de facturas, y la creación de un sistema de atención al cliente más eficiente.
El SRI ha reconocido las dificultades que enfrentan los beneficiarios y ha anunciado que está trabajando en la implementación de mejoras para agilizar el proceso y reducir los tiempos de pago. Sin embargo, hasta el momento, estas mejoras no se han traducido en una solución efectiva para los problemas que persisten en el sistema.
La devolución del IVA sigue siendo un beneficio importante para miles de ecuatorianos, pero su efectividad se ve comprometida por las limitaciones en los rubros elegibles, los retrasos en los pagos y las dificultades en el proceso de solicitud. Es fundamental que las autoridades tomen medidas urgentes para solucionar estos problemas y garantizar que este apoyo económico llegue a quienes realmente lo necesitan.
