La situación política y económica en Venezuela se encuentra en un punto crítico, mientras el plan instruido por Marco Rubio enfrenta obstáculos y los remanentes del chavismo buscan consolidar su posición. La atención internacional, desviada hacia la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, ofrece una oportunidad para que figuras clave del régimen anterior reevalúen sus estrategias y busquen maximizar sus beneficios, operando ahora bajo los gringos .
La captura del dictador Maduro no ha desmantelado por completo la influencia del G2 cubano en el Estado venezolano, con figuras como Gustavo González López, sancionado por la UE y EE.UU. por violaciones de derechos humanos, ocupando puestos de mando en el Ministerio de Defensa. Si bien se ha observado un reacomodo en los comandos de la Fuerza Armada Nacional (FAN), con reemplazos de oficiales sancionados, persiste la duda sobre si esto representa una verdadera institucionalización o simplemente una adaptación a las nuevas circunstancias impuestas por la supervisión estadounidense.
La permanencia de Diosdado Cabello al frente del Ministerio de Interior y Justicia, a pesar de la recompensa de $25 millones ofrecida por el gobierno de EE.UU. por su captura, sugiere que los cambios podrían estar orientados a mantener la capacidad represiva del Estado, ahora bajo un nuevo disfraz para evitar la intervención directa de Washington. La tan publicitada estabilización podría ser, en realidad, una estrategia para asegurar que ninguna protesta popular ponga en peligro el acuerdo entre Trump y los hermanos Rodríguez, basándose en la intimidación y el miedo.
Algunos críticos argumentan que esta perspectiva es injusta, considerando los esfuerzos realizados para liberar a Venezuela de la tiranía. Sin embargo, la imprevisibilidad del presidente Trump y su enfoque en intereses económicos personales generan desconfianza sobre el futuro del país bajo la supervisión estadounidense. La clave para una transición democrática exitosa reside en la participación activa de los venezolanos, un aspecto que el plan de Rubio parece descuidar al perpetuar la presencia de aquellos que buscan mantener su poder y privilegios.
La Ley de Amnistía, aprobada hace más de un mes, ilustra esta problemática. A pesar de su potencial para fomentar la convivencia y la estabilización democrática, su aplicación se ha visto obstaculizada por la lentitud y la discrecionalidad, sometida a la decisión de un poder judicial comprometido con la persecución de la disidencia. Si bien se han liberado a algunos presos políticos, la situación de otros, incluyendo militares y policías involucrados en eventos pasados, sigue siendo incierta.
La falta de una aplicación uniforme de la amnistía genera temor a que los derechos constitucionales, como la libertad de expresión, de movilización y de participación en asuntos públicos, estén en riesgo de ser reprimidos de manera arbitraria. Los mismos jueces y leyes persecutorias permanecen vigentes, y figuras como Cabello y González López continúan al frente de los aparatos represivos del Estado.
El problema trasciende el ejercicio de las libertades civiles y se extiende a la recuperación económica y de los servicios públicos. La participación activa de la sociedad civil, los gremios y las organizaciones ciudadanas es fundamental para impulsar la iniciativa, la vigilancia y la acción propositiva necesarias para superar los desafíos que enfrenta el país. La producción petrolera, la recuperación de los servicios públicos y la administración eficiente del Estado requieren de personas motivadas, calificadas y comprometidas, bajo un liderazgo confiable y con acceso a recursos externos.
La perversión institucional reside en la complicidad criminal de los individuos que ejecutan las leyes represivas, despreciando el ordenamiento constitucional. La violación de los derechos de los venezolanos, incluido el derecho a una vida digna, es obra de personas concretas que aún ostentan posiciones de poder. La recuperación de la soberanía popular, a través de elecciones creíbles, libres y supervisadas internacionalmente, es crucial para garantizar el cumplimiento de estos derechos.
Un hito decisivo será establecer la ausencia absoluta de un presidente constitucional en Venezuela, lo que obligaría a convocar a elecciones dentro de los 30 días siguientes, según lo establecido en el artículo 233 de la Constitución. La Asamblea Nacional debe abordar este asunto sin dilación, considerando que el vacío de poder se consumó el 10 de enero de 2025, cuando Maduro usurpó el triunfo de Edmundo González Urrutia el 28J.
Jorge Rodríguez y la Asamblea Nacional designada el año pasado tienen la responsabilidad de resolver la situación del vacío de poder, sin comprometer su relación con sus nuevos aliados. Las fuerzas democráticas deben movilizarse para garantizar que se respeten los preceptos constitucionales y evitar que los opresores se perpetúen en el poder, habiendo causado suficiente daño al país. La clave está en la vigilancia y la participación consciente de la ciudadanía para asegurar que se atienda a los mandatos constitucionales y se evite cualquier intento de conculcar el anhelado proceso de transición democrática.
