Islamabad/Kabul, 31 de marzo La guerra entre Afganistán y Pakistán entra en su quinta semana con un creciente número de víctimas civiles y un tenso intercambio de acusaciones sobre las cifras reales de fallecidos. Mientras el gobierno talibán denuncia la muerte de 639 de sus ciudadanos y 554 heridos a causa de ataques paquistaníes, Pakistán niega haber causado bajas civiles y afirma haber neutralizado a 684 combatientes, entre talibanes y miembros del Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP).
El último incidente reportado, un ataque paquistaní en la provincia afgana de Kanar este lunes, dejó al menos un muerto y 18 heridos, según fuentes oficiales afganas. Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno talibán, calificó estos ataques contra civiles en la frontera como crímenes de guerra .
Pakistán, por su parte, ha mantenido una postura firme negando la muerte de civiles afganos desde que declaró la guerra abierta el pasado 26 de febrero. El gobierno paquistaní justifica sus acciones argumentando que se dirigen contra miembros del TTP, una milicia a la que acusa de operar desde territorio afgano y de llevar a cabo ataques en Pakistán.
En medio de esta discrepancia en las cifras y las acusaciones mutuas, la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha logrado verificar la muerte de 219 civiles y heridas a más de 200 en el último mes. La mayoría de estas víctimas se produjeron durante el bombardeo al centro médico Omid en Kabul el 16 de marzo. Este incidente ha generado una fuerte condena internacional y ha puesto de manifiesto la preocupante situación de los civiles atrapados en el conflicto.
La situación humanitaria se agrava a medida que el conflicto se intensifica. Alrededor de 130.000 afganos han sido desplazados de sus hogares, principalmente a lo largo de los 2.600 kilómetros de frontera que separan ambos países, según datos de la ONU. El cierre intermitente del cruce fronterizo de Torkham, una vía vital para el comercio y el tránsito de personas, ha exacerbado la crisis, dejando a miles de refugiados afganos varados, muchos de los cuales fueron deportados por la fuerza desde Pakistán.
Afortunadamente, el cruce fronterizo de Torkham fue reabierto este martes, permitiendo el paso de refugiados afganos tras conversaciones entre el gobierno talibán y una delegación paquistaní, según confirmó el Director de Información y Cultura de la provincia de Nangarhar. Esta reapertura representa un alivio para las familias que se encontraban atrapadas en la frontera, pero la situación sigue siendo precaria.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de transparencia y rendición de cuentas en relación con los ataques contra civiles. Patricia Gossman, directora asociada para Asia de Human Rights Watch, instó a la comunidad internacional a presionar a Pakistán para que investigue a fondo los incidentes, identifique y corrija las fallas en la inteligencia y la toma de decisiones, y garantice que se tomen medidas para evitar que tales ataques se repitan.
Los países preocupados deberían presionar a Pakistán para que rinda cuentas de forma genuina y garantice que se identifiquen y corrijan los fallos en inteligencia, verificación de objetivos y toma de decisiones, para que tales ataques no vuelvan a ocurrir , declaró Gossman el pasado viernes.
La Unión Europea (UE) ha respondido a la crisis humanitaria anunciando una partida de 250.000 euros para asistir a unas 70.000 personas en las provincias más afectadas por el conflicto. Esta ayuda, aunque bienvenida, es solo una gota en el océano considerando la magnitud de las necesidades.
El origen de la escalada bélica se remonta a las acusaciones de Islamabad contra el gobierno talibán de brindar refugio a la insurgencia del Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP) en suelo afgano. Pakistán ha respondido con bombardeos aéreos sobre Kabul y otras áreas de Afganistán, mientras que el gobierno talibán ha contraatacado con ataques con drones.
La situación en la frontera entre Afganistán y Pakistán es extremadamente volátil y existe el riesgo de que el conflicto se intensifique aún más. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo entre ambos países, proteger a los civiles y abordar las causas profundas de la inestabilidad en la región. La falta de una solución diplomática podría tener consecuencias devastadoras para la población civil y para la seguridad regional. La necesidad de una investigación independiente y transparente sobre las acusaciones de crímenes de guerra es imperativa para garantizar la justicia y la rendición de cuentas.
