El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha reiterado su firme postura a favor de la captura de Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá', líder de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), a pesar de la actual vigencia de un proceso de negociación con el Gobierno colombiano. En una entrevista concedida a Caracol Radio, Sánchez fue categórico al afirmar: "Debe ser capturado".
El ministro enfatizó el carácter "netamente narcotraficante" del grupo armado liderado por 'Calarcá', argumentando que su subsistencia depende de las "economías ilegales". Sánchez descartó cualquier motivación ideológica detrás de las acciones de este grupo, señalando que su principal objetivo es el control del narcotráfico.
Sin embargo, Sánchez aclaró que la decisión final de ordenar el arresto de 'Calarcá' recae en el presidente Gustavo Petro, siguiendo la recomendación de la Fiscalía. La Fiscalía había advertido que reactivaría la orden de captura si el Gobierno colombiano no la ejecutaba en un plazo de una semana, argumentando la falta de una "voluntad de paz" por parte del grupo armado.
El ministro de Defensa subrayó que el Ministerio de Defensa actuará "a acorde a la decisión del presidente de la república, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas". Asimismo, criticó a estos grupos armados, afirmando que "traicionan y le han jugado grave no al presidente, sino a Colombia".
A pesar de que la orden de captura contra 'Calarcá' se encuentra suspendida mientras se desarrolla el diálogo, Sánchez enfatizó que las Fuerzas Armadas no cesarán sus operaciones contra el grupo armado que lidera. El ministro recalcó que las políticas de paz del Gobierno no deben interpretarse como una autorización para cometer ilegalidades.
El EMBF está compuesto por tres estructuras, incluyendo el bloque Jorge Briceño, liderado por 'Calarcá', quien es considerado el máximo líder de estas disidencias. Estas disidencias son una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.
La Fiscalía General de Colombia, encabezada por Luz Adriana Camargo, informó recientemente que existen pruebas que vinculan a 'Calarcá' con el asesinato de un líder social. Estas pruebas fueron recopiladas durante un control militar al líder del EMBF en julio de 2024. La fiscal general comunicó esta información al Gobierno, reforzando la solicitud de captura.
La situación plantea un dilema para el Gobierno de Gustavo Petro, que busca una solución negociada al conflicto armado, pero al mismo tiempo debe responder a las exigencias de la justicia y a la preocupación pública por la seguridad. La insistencia del ministro de Defensa en la captura de 'Calarcá' refleja la tensión entre estas dos líneas de acción.
El debate sobre el futuro de las negociaciones con el EMBF se intensifica a medida que la Fiscalía presenta pruebas que comprometen a su líder en actividades criminales. La decisión del presidente Petro será crucial para determinar el rumbo de la política de paz del Gobierno y su capacidad para lograr una solución duradera al conflicto armado en Colombia.
La suspensión de la orden de captura de 'Calarcá' fue una medida tomada en el marco de los esfuerzos por iniciar un diálogo con el grupo armado. Sin embargo, la falta de avances concretos en las negociaciones y la evidencia de la participación de 'Calarcá' en actividades ilegales han generado críticas y han aumentado la presión sobre el Gobierno para que adopte una postura más firme.
El ministro Sánchez reiteró que el objetivo principal del Gobierno es garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos colombianos. En ese sentido, consideró que la captura de 'Calarcá' es fundamental para desmantelar la estructura criminal que lidera y para enviar un mensaje claro a otros grupos armados que operan en el país.
La situación de 'Calarcá' y el EMBF es un ejemplo de los desafíos que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro en su política de paz. La negociación con grupos armados ilegales requiere un equilibrio delicado entre la búsqueda de soluciones políticas y la aplicación de la ley. La decisión final sobre el futuro de 'Calarcá' dependerá de la evaluación del presidente Petro de los riesgos y beneficios de cada opción.
