Honduras Adquiere 800 Mil Placas Vehiculares Mediante Contratación Directa

El gobierno de Honduras autorizó la compra directa de al menos 800 mil placas vehiculares para hacer frente a una deuda acumulada de más de 744 mil placas pendientes, tanto para motocicletas como para vehículos particulares, según un decreto legislativo publicado en el Diario Oficial La Gaceta. La medida busca erradicar la mora existente en el suministro de placas generada durante los últimos tres años y garantizar un suministro continuo e ininterrumpido en el futuro.

El Decreto Legislativo No. 38-2026 faculta al Instituto de la Propiedad (IP) a contratar directamente a proveedores para la provisión de placas de todo tipo, así como la adquisición e implementación de lectores vehiculares, arcos de lectura para carreteras, comunidades, aduanas y puntos fronterizos, y la infraestructura tecnológica necesaria.

El anuncio se produce tras la promesa del presidente Nasry Asfura, realizada el pasado 19 de marzo, de que una compañía alemana establecerá una planta de producción de placas en Honduras. Mientras se instala la fábrica, el gobierno planea importar las placas desde otras instalaciones de la compañía en el extranjero.

Según datos del IP, hasta el 31 de enero de este año, la deuda ascendía a 414,935 placas metálicas para motocicletas y 329,927 para vehículos particulares. Esta situación ha generado inconvenientes para los propietarios de vehículos que han cumplido con los requisitos legales para obtener sus placas, pero se han visto imposibilitados de hacerlo debido a la falta de disponibilidad.

El decreto establece que los proveedores contratados deben ser fabricantes directos de los sistemas y elementos requeridos, sin permitir la participación de intermediarios, excepto en casos de representaciones regionales para varios países. Además, deberán garantizar el mantenimiento de los estándares tecnológicos y de seguridad del Sistema Nacional de Placas, asegurando la compatibilidad con las más de dos millones de placas actualmente en circulación.

La interoperabilidad funcional y tecnológica con las plataformas del IP, sus Centros Asociados y Oficinas Registrales Periféricas, las Municipalidades, la Administración Aduanera de Honduras, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) es otro requisito fundamental.

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, el decreto establece que las contrataciones realizadas al amparo de la misma estarán sujetas a mecanismos de auditoría interna y externa durante todo el proceso de contratación y ejecución.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) ha sido autorizada a realizar las adecuaciones y modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de las medidas establecidas en el decreto. Asimismo, se faculta a la SEFIN para identificar y gestionar fuentes de financiamiento internas o externas, así como para efectuar modificaciones presupuestarias entre instituciones del Poder Ejecutivo.

Además, se ordena a la SEFIN y a la Administración Aduanera de Honduras a hacer efectiva la exoneración de impuestos, tasas, tarifas y demás tributos aduaneros aplicables a las compras, adquisiciones e importaciones de bienes, equipos, tecnologías, sistemas y servicios que realice el IP para la implementación del decreto. Esta exoneración también incluye los costos asociados al uso obligatorio de agente aduanero.

Las instituciones competentes deberán ejercer los mecanismos de control necesarios para asegurar que los bienes adquiridos se destinen exclusivamente al cumplimiento de los fines establecidos en el decreto.

La adquisición de estas placas representa una inversión significativa para el gobierno hondureño, pero se considera necesaria para resolver un problema que ha afectado a miles de propietarios de vehículos en todo el país. La implementación de la nueva infraestructura tecnológica, incluyendo los lectores vehiculares y los arcos de lectura, también se espera que contribuya a mejorar la seguridad vial y a combatir el robo de vehículos.

El decreto legislativo busca modernizar el sistema de placas vehiculares en Honduras, haciéndolo más eficiente, seguro y transparente. La llegada de la fábrica alemana, una vez instalada, promete generar empleos y fortalecer la economía nacional. Sin embargo, la contratación directa de los proveedores ha generado algunas críticas, ya que algunos sectores consideran que podría haber falta de transparencia en el proceso. El gobierno ha respondido asegurando que se implementarán mecanismos de auditoría rigurosos para garantizar la rendición de cuentas y evitar cualquier irregularidad.