La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha intervenido y liquidado al menos tres cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador durante el último año, generando preocupación entre los socios y poniendo de manifiesto desafíos en la supervisión y control del sector. Las cooperativas afectadas son CREA Ltda., intervenida en 2025; Inteligencia de Negocios (Incoop), liquidada en febrero de 2026; y Cariamanga Ltda., que entró en proceso de liquidación el 24 de marzo de 2026. Con estos casos, ya son dos las entidades liquidadas bajo esta figura en lo que va de 2026.
El caso de Incoop, con sede en Ambato, es particularmente delicado. La SEPS determinó que la cooperativa presentaba un perfil de riesgo crítico y había incumplido un programa de supervisión intensiva. Paralelamente, la Fiscalía investiga a la entidad desde octubre de 2025 por un presunto caso de lavado de activos, aunque sus abogados argumentan que la acusación carece de fundamento. La liquidación de Incoop impide que sus 5.402 socios puedan acceder a sus fondos o realizar operaciones en sus cuentas.
La cooperativa Cariamanga, la más reciente en ser intervenida, fue liquidada debido a incumplimientos administrativos reiterados. Entre estos se destacan la falta de actualización de sus estatutos, la no entrega de información financiera obligatoria y la inobservancia de los requerimientos de la SEPS, lo que obstaculizó su supervisión.
La liquidación de CREA se produjo tras una suspensión de operaciones, derivada de dificultades financieras que afectaron su funcionamiento. La autoridad justificó la medida por la caída de sus indicadores de solvencia, que se situaron en un preocupante 3.36%, muy por debajo del promedio permitido, y por el bajo cumplimiento del programa de intervención en el que participaba desde hacía dos años.
La SEPS ha enfatizado que la liquidación forzosa es una medida extrema que se adopta cuando las entidades no logran corregir sus problemas a pesar de los procesos de supervisión previos. El objetivo principal, según la Superintendencia, es proteger los recursos de los socios y activar los mecanismos de cobertura, como el seguro de depósitos del Cosede. El seguro de depósitos en cooperativas ecuatorianas puede cubrir hasta $32.000 por persona, dependiendo del tamaño de la cooperativa.
Estos procesos se enmarcan dentro de las facultades de la SEPS para intervenir en entidades que representen riesgos para su sostenibilidad o incumplan la normativa vigente. La Superintendencia ha señalado que el sistema cooperativo ecuatoriano mantiene indicadores favorables, con un índice de solvencia superior al 18% y un indicador de liquidez por encima del 33%. Fernando Núñez, vocero de la SEPS, ha afirmado que el sistema se encuentra saludable y representa el 30% del sistema financiero nacional.
Sin embargo, las liquidaciones recientes plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y supervisión. EXPRESO ha solicitado una entrevista a la SEPS para profundizar en el estado actual del sistema, los mecanismos de control implementados y las acciones de supervisión en curso, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
La situación de estas cooperativas liquidadas ha generado incertidumbre entre los socios, quienes ven amenazada la posibilidad de recuperar sus ahorros. El proceso de liquidación implica la venta de los activos de la cooperativa para cubrir las deudas y, posteriormente, la distribución de los fondos restantes entre los socios, en proporción a sus depósitos, hasta el límite cubierto por el seguro de depósitos.
El caso de Incoop, además, se complica por la investigación por lavado de activos, lo que podría implicar la incautación de bienes y la dificultad para recuperar los fondos de los socios. La Fiscalía continúa con la investigación previa, mientras que los abogados de la cooperativa insisten en la falta de pruebas que sustenten la acusación.
La liquidación de Cariamanga, por su parte, pone de relieve la importancia del cumplimiento de las obligaciones administrativas y la transparencia en la gestión de las cooperativas. La falta de actualización de los estatutos y la no entrega de información financiera obligatoria impidieron a la SEPS supervisar adecuadamente la entidad y detectar a tiempo los problemas que condujeron a su liquidación.
El caso de CREA subraya la necesidad de mantener indicadores de solvencia adecuados y cumplir con los programas de intervención establecidos por la Superintendencia. La caída de los indicadores de solvencia y el bajo cumplimiento del programa de intervención fueron factores determinantes en la decisión de liquidar la cooperativa.
En un contexto económico global marcado por la volatilidad de los precios del petróleo, con el barril de Texas superando los 100 dólares por primera vez desde 2022, y la incertidumbre en los mercados financieros, la estabilidad del sistema cooperativo ecuatoriano es crucial para proteger los ahorros de los ciudadanos y fomentar el desarrollo económico local. La SEPS enfrenta el desafío de fortalecer los mecanismos de control y supervisión, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y actuar con prontitud ante cualquier señal de riesgo, para evitar que se repitan situaciones como las que han afectado a CREA, Incoop y Cariamanga.
