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La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley N. 13682/2025-CR, una medida que busca revitalizar la estrategia Procompite y desbloquear la finalización de obras públicas estancadas debido a inconvenientes administrativos y presupuestales. La aprobación, con 12 votos a favor, representa un paso significativo para optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la continuidad de proyectos de inversión ya iniciados.
El proyecto, impulsado por el legislador Eduardo Castillo Rivas, permitirá a los gobiernos regionales y locales destinar saldos presupuestales existentes a la conclusión de estas obras inconclusas. Este mecanismo no solo resguarda la inversión pública ya realizada, evitando pérdidas por proyectos abandonados, sino que también proporciona una mayor seguridad jurídica en la gestión y aplicación de los recursos estatales. La iniciativa se centra en mejorar la eficiencia, transparencia y focalización del gasto público, promoviendo una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, todo ello sin generar costos adicionales para el erario nacional.
Durante la misma sesión, la comisión también aprobó de manera unánime el archivo del dictamen correspondiente al Proyecto de Ley N. 12101/2025-CR. Este proyecto se enfocaba en la formalización ambiental del sector manufacturero y del comercio interno a través de un régimen excepcional de adecuación ambiental. La decisión de archivar esta propuesta sugiere una reevaluación de las estrategias para abordar la formalización ambiental, posiblemente buscando enfoques más integrales o eficientes.
Paralelamente, el congresista José Bernardo Pazo Nunura presentó y sustentó el Proyecto de Ley N. 14212/2025-CR, cuyo objetivo es fortalecer el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales, en el marco del Decreto Legislativo 1392. Esta iniciativa busca facilitar la continuación del proceso de formalización para aquellas embarcaciones ya inscritas, brindando beneficios a sus propietarios y poseedores. La formalización de estas embarcaciones es crucial para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal y el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
La congresista Noelia Herrera Medina, por su parte, solicitó que se priorice en la agenda legislativa el Proyecto de Ley 3032, destacando su impacto en las asociaciones de pescadores a nivel nacional. Su preocupación se centra en los derechos laborales de los trabajadores del sector, quienes, según sus observaciones, no estarían accediendo a los beneficios correspondientes a pesar de contar con años de servicio. La priorización de este proyecto podría resultar en mejoras significativas en las condiciones laborales de los pescadores artesanales.
La sesión también estuvo marcada por la preocupación expresada por la congresista Cruz Zeta Chunga respecto a la difícil situación que enfrentan los pescadores artesanales, especialmente aquellos dedicados a la extracción de pota o calamar gigante, una actividad económica fundamental para el norte del país. Zeta Chunga alertó sobre el impacto del reciente aumento en el precio del combustible, que ha pasado de aproximadamente S/ 14 a S/ 25.50 por galón, en los costos operativos de más de 3,000 embarcaciones en regiones como Piura y Lambayeque, así como en zonas como la isla de Lobos y Sechura.
La legisladora enfatizó que, a pesar del incremento en los costos, el precio de la pota se mantiene estancado, lo que reduce significativamente la rentabilidad de la actividad pesquera artesanal. En este contexto, instó al Gobierno a garantizar que las medidas anunciadas en materia de combustible lleguen efectivamente a los pescadores, brindándoles el apoyo necesario para mantener su actividad económica. La situación de los pescadores artesanales pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector ante las fluctuaciones en los precios de los combustibles y la necesidad de políticas públicas que protejan sus intereses.
La aprobación del Proyecto de Ley 13682/2025-CR representa un avance importante en la gestión de la inversión pública y la eficiencia del gasto estatal. Al permitir la utilización de saldos presupuestales para finalizar obras inconclusas, se evita la pérdida de recursos ya invertidos y se impulsa el desarrollo económico y social. Asimismo, las iniciativas relacionadas con la formalización de embarcaciones pesqueras y la protección de los derechos laborales de los pescadores artesanales demuestran el compromiso del Congreso con el apoyo a los sectores productivos y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. La priorización de estos temas en la agenda legislativa es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el país.
