El Crédito con Aval del Estado (CAE) se encuentra en el centro de una creciente controversia, no por llamados a la condonación, sino por una agresiva política de recuperación de fondos. La administración actual ha intensificado la persecución de la morosidad, particularmente entre deudores con mayores ingresos, implementando medidas como la retención de impuestos a más de 150 mil personas durante la reciente Operación Renta, el cobro obligatorio a aquellos que perciben ingresos superiores a $1,5 millones, y la derivación de deudas a la Tesorería General de la República para acciones ejecutivas más contundentes.
La urgencia de estas medidas se refleja en las alarmantes cifras actuales. A marzo de 2026, la tasa de morosidad ha alcanzado un preocupante 53%, lo que ha provocado un aumento significativo en el costo fiscal debido a las garantías que el Estado debe cubrir ante el incumplimiento de los deudores. La deuda acumulada ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de aproximadamente $500 mil millones en 2017 a cerca de $4 billones en la actualidad. Ante esta situación, la inacción ya no es una opción viable para las autoridades.
Sin embargo, el problema del CAE trasciende la simple recuperación de deuda. Un reciente estudio realizado por la Universidad de Santiago revela una realidad incómoda: el sistema no solo es financieramente insostenible, sino que también ha fallado en su objetivo primordial de promover la movilidad social. Más del 40% de los egresados provenientes de sectores vulnerables tienen una garantía ejecutada, lo que significa que el Estado ya ha tenido que asumir el pago de sus deudas debido a reiterados incumplimientos. En comunas caracterizadas por una alta vulnerabilidad socioeconómica, este porcentaje supera incluso el 40%.
La morosidad no se limita únicamente a los sectores de bajos ingresos. Incluso en comunas de altos ingresos, donde la capacidad de pago debería ser mayor, el cumplimiento de las obligaciones crediticias apenas supera el 50% en algunos casos. Esta situación pone de manifiesto un problema diferente: no solo la incapacidad de pago, sino también la existencia de incentivos distorsionados, expectativas de condonación y, en algunos casos, estrategias para evadir las obligaciones financieras.
Esta dualidad en la morosidad vulnerabilidad estructural por un lado y comportamiento oportunista por el otro complica la implementación de cualquier política pública efectiva. Si bien endurecer las medidas de cobranza puede ser fiscalmente necesario, podría resultar socialmente insuficiente si no se reconoce que, para una parte importante de los deudores, el crédito nunca representó una herramienta real para mejorar su calidad de vida o alcanzar el progreso social.
En este contexto, el proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) emerge como una alternativa potencial, proponiendo la eliminación de la banca como intermediaria y el reemplazo de la deuda por contribuciones basadas en los ingresos futuros de los egresados. Sin embargo, esta propuesta también genera interrogantes sobre su viabilidad y alcance real, especialmente si no se abordan las deficiencias estructurales que aquejan al sistema educativo superior.
El desafío que enfrenta Chile, por lo tanto, no se limita a la recuperación de recursos, sino que implica una redefinición profunda del modelo de financiamiento de la educación superior. Mantener un sistema que endeuda masivamente a los estudiantes, tiene bajas tasas de recuperación y no garantiza la movilidad social es simplemente prolongar un problema que ya ha demostrado su agotamiento. Chile se encuentra ante una decisión crucial: corregir el CAE en profundidad o avanzar hacia un nuevo esquema que equilibre la responsabilidad individual, la sostenibilidad fiscal y la justicia social.
La política de recuperación agresiva, aunque necesaria para mitigar el creciente costo fiscal, ha generado críticas por su impacto en los deudores de menores ingresos, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural. Expertos señalan que la simple aplicación de medidas coercitivas no aborda las causas subyacentes de la morosidad, como la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la dificultad para acceder a un empleo digno.
El estudio de la Universidad de Santiago también destaca la importancia de considerar las características específicas de cada comuna al diseñar políticas de recuperación de deuda. En las comunas más vulnerables, se requiere un enfoque más comprensivo y flexible, que tenga en cuenta las limitaciones económicas y sociales de los deudores.
El debate sobre el futuro del CAE se enmarca en un contexto más amplio de discusión sobre el acceso a la educación superior y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los chilenos. El proyecto de FES, si bien presenta desafíos importantes, podría representar un avance significativo en la dirección correcta, al eliminar la barrera de la deuda y permitir que los estudiantes se concentren en sus estudios sin la preocupación constante de tener que pagar un crédito.
Sin embargo, para que el FES sea exitoso, es fundamental que se aborden las deficiencias estructurales del sistema educativo superior, como la falta de calidad en algunas instituciones y la desconexión entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral. Además, es necesario garantizar que el sistema de contribuciones según ingresos futuros sea justo y equitativo, y que no penalice a aquellos que logran obtener un buen empleo.
En última instancia, la solución al problema del CAE requiere un enfoque integral que combine medidas de recuperación de deuda con políticas de apoyo a los deudores vulnerables y una reforma profunda del sistema de financiamiento de la educación superior. Chile enfrenta una oportunidad única para construir un sistema más justo, equitativo y sostenible, que permita a todos los chilenos acceder a una educación de calidad y alcanzar su máximo potencial.
