Las elecciones de mitad de mandato de este año, que incluyen a todos los miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. y a aproximadamente un tercio del Senado, se han convertido en un campo de batalla ideológico donde líderes de ambos partidos sugieren que el futuro de la república está en juego. Más allá de la tradicional importancia de estas elecciones, se vislumbra una lucha por el control del proceso electoral en sí mismo, con propuestas y acciones que generan preocupación sobre el acceso al voto y la integridad de las elecciones.
El expresidente Barack Obama advirtió en marzo sobre las amenazas a las elecciones libres y justas, en el contexto de una propuesta de redistribución de distritos en Virginia que busca reducir significativamente la representación republicana en el Congreso estatal. Esta medida, que podría dejar sin escaño a todos salvo uno de los cinco actuales miembros republicanos del Congreso de Virginia, ejemplifica la naturaleza partidista de la redistribución de distritos y la disposición de ambos partidos a manipular los mapas electorales en su beneficio.
Por su parte, el expresidente Donald Trump ha impulsado una nueva legislación sobre identificación de votantes, rebautizada como la Ley “SAVE America”, que en la práctica pondría fin al voto por correo y exigiría una prueba presencial de ciudadanía para inscribirse para votar. Trump ha enfatizado la importancia de aprobar esta ley, afirmando que “garantizará” la victoria electoral republicana y advirtiendo sobre “grandes problemas” si no se aprueba. Algunos demócratas ven esta ley como un plan maestro de Trump para asegurar el poder republicano, incluso frente a sus propias cifras de aprobación en declive.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, ha vinculado la Ley de identificación de votantes, la disputa por la redistribución de distritos y la posible implementación de agentes de ICE en los centros de votación como parte de un plan más amplio de Trump para “ajustar las elecciones democráticas” si no puede aferrarse al poder mediante elecciones justas. El aliado de Trump, Steve Bannon, sugirió recientemente que el despliegue de agentes de ICE en los aeropuertos podría ser un ensayo para su despliegue en las urnas en noviembre.
Sin embargo, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió en su audiencia de confirmación que no se utilizarían agentes uniformados para intimidar en los centros de votación. Aunque no prometió explícitamente que no habría agentes federales presentes, Mullin aseguró que su presencia solo estaría justificada en caso de una amenaza específica, no para intimidación.
Las autoridades estatales, como el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, han advertido que cualquier intento de enviar funcionarios de ICE a los centros de votación sería recibido con resistencia, citando leyes federales que prohíben el despliegue de “tropas o hombres armados” federales en los centros de votación, salvo para repeler a “enemigos armados de los Estados Unidos”.
La situación se complica aún más con la aparición de la exdirectora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, en la incautación por parte del FBI de viejas papeletas de 2020 en el condado de Fulton, Georgia. Gabbard ha sido más franca en reabrir el tema de las elecciones de 2020 y alimentar la creencia de Trump, sin fundamento, de que fue víctima de fraude.
Un borrador de decreto escrito por aliados de Trump contempla la posibilidad de que el expresidente se aferre a la idea de que China interfirió en las elecciones de 2020 para ejercer un control de emergencia sin precedentes sobre las próximas elecciones. Si bien estas posibilidades son especulativas, las propuestas contenidas en la Ley “SAVE America” son más tangibles y podrían dificultar el registro de votantes al exigir una prueba de ciudadanía en persona.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ha argumentado que la Ley de identificación de votantes es parte del plan de Trump para garantizar la elección a los republicanos, desmintiendo la afirmación de que se trata de detener el fraude electoral generalizado. Los republicanos del Senado actualmente no tienen los votos para aprobar el proyecto de ley, pero sus defensores prometen un esfuerzo prolongado para convencer a los demócratas y a los republicanos opositores.
Las auditorías de los padrones electorales en Georgia, Louisiana y Utah han encontrado solo ejemplos simbólicos de registros de votantes cuestionables. Louisiana, utilizando una nueva base de datos elaborada por la administración Trump, identificó solo 79 posibles votos ilegales de entre millones emitidos desde la década de 1980. A pesar de esto, los requisitos de identificación del votante siguen siendo populares, con un sólido apoyo mayoritario en encuestas recientes.
Trump ha intentado reorientar el debate sobre la financiación del DHS, alejándolo de las restricciones a los agentes de ICE exigidas por los demócratas hacia su exigencia de incluir el proyecto de ley de identificación del votante. Este proyecto de ley podría añadir barreras para inscribir a la gente en los padrones electorales que actualmente no existen y podría terminar depurando a personas de los padrones.
La Corte Suprema también podría pronunciarse pronto sobre un caso clave de la Ley de Derecho al Voto, que podría desmantelar la ley de la era de los derechos civiles que exige el trazado de distritos congresionales para garantizar la representación de minorías marginadas.
Texas inició el proceso de redistribución de distritos el año pasado, buscando crear cinco escaños republicanos adicionales, y otros estados rojos siguieron su ejemplo. California, en respuesta, dejó de lado su comisión no partidista para trazar un mapa favorable a los demócratas. Virginia podría hacer lo mismo el próximo mes.
El resultado final podría ser delegaciones congresionales aún más polarizadas en muchos estados, dependiendo de cómo se comporten los votantes y de las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses. Los republicanos en Texas asumen que los votantes latinos, entre quienes Trump obtuvo avances notables en 2024, estarán con los republicanos que no se llamen Trump en 2026, una apuesta que aún está por verse.
