El Consejo Fiscal advierte sobre una situación crítica para las finanzas públicas del país, resultado de la aprobación de múltiples normas en el Congreso que implican un aumento significativo del gasto público sin una clara definición de fuentes de financiamiento. El organismo estima que, solo en marzo, se aprobaron 11 normas que podrían elevar el costo anual para el Estado en al menos S/ 11,400 millones.
El informe del Consejo Fiscal detalla que esta cifra podría ascender hasta S/ 15,000 millones anuales si se consideran otras medidas aprobadas entre agosto de 2025 y diciembre de 2025 que no fueron incorporadas en el presupuesto inicial del 2026. La situación se agrava al considerar que el presupuesto ya contempla un incremento histórico en planillas y pensiones por S/ 11,200 millones, lo que aumenta el riesgo de incumplir las reglas fiscales nuevamente.
Entre las medidas con mayor impacto fiscal, destaca la nivelación de las pensiones de maestros jubilados y cesantes a la remuneración íntegra mensual, con un costo estimado de al menos S/ 8,000 millones anuales. A esto se suma el otorgamiento de mayores beneficios laborales a los trabajadores CAS, que implicaría un desembolso de alrededor de S/ 3,000 millones por año. La modificación del régimen pensionario militar y policial, contemplada en el Decreto Legislativo N 1133, podría costar aproximadamente S/ 15,000 millones en total.
El Consejo Fiscal enfatiza que estas medidas tendrán efectos inmediatos y permanentes sobre el gasto público y el déficit fiscal. Se estima que, solo en 2026, el impacto inicial sería de al menos S/ 6,500 millones adicionales no previstos en el presupuesto, generando mayores presiones para el año 2027.
La entidad advierte que el deterioro fiscal será cada vez más difícil de revertir, ya que estas decisiones presionarán al alza la deuda pública y reducirán el espacio fiscal disponible para futuras administraciones. Los S/ 11,400 millones de costo anual de las decisiones tomadas en marzo de 2026 representan un costo de oportunidad significativo, al priorizar beneficios para grupos específicos sin evaluar los impactos más amplios en la economía.
El Consejo Fiscal también cuestiona la inacción del Poder Ejecutivo, señalando que no se observaron leyes con alto costo fiscal ni se recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar posibles inconstitucionalidades. Esta falta de acción, según el organismo, debilita la institucionalidad fiscal y pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
Además, el Consejo Fiscal advierte que tanto el Congreso como el Ejecutivo podrían estar incumpliendo el marco legal vigente, que prohíbe aprobar medidas que aumenten el gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año electoral. De no adoptarse medidas correctivas, se prevé un nuevo incumplimiento de las reglas fiscales en 2026, lo que afectaría la credibilidad de la política económica del país.
El Consejo Fiscal exhorta al Congreso a evitar la aprobación de iniciativas sin financiamiento y al Ejecutivo a utilizar herramientas como la observación de leyes y acciones de inconstitucionalidad para frenar el deterioro fiscal. La entidad concluye que el riesgo no es solo inmediato, sino estructural, ya que estas decisiones comprometen el manejo prudente de la economía y el bienestar a largo plazo.
El Consejo Fiscal subraya la importancia de salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas para garantizar la estabilidad económica del país y el bienestar de las futuras generaciones. La aprobación de medidas fiscales irresponsables, sin una clara definición de fuentes de financiamiento, podría tener consecuencias negativas para la economía nacional, incluyendo un aumento de la deuda pública, una reducción de la inversión pública y un deterioro de la confianza de los inversionistas.
La situación actual exige una respuesta urgente y coordinada por parte del Congreso y el Ejecutivo, con el objetivo de adoptar medidas correctivas que permitan revertir el deterioro fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es fundamental que se priorice la responsabilidad fiscal y se eviten decisiones que pongan en riesgo la estabilidad económica del país. La transparencia y la rendición de cuentas son también elementos clave para garantizar una gestión fiscal eficiente y responsable.
El Consejo Fiscal continuará monitoreando de cerca la evolución de las finanzas públicas y alertará sobre cualquier riesgo que pueda afectar la estabilidad económica del país. La entidad reitera su compromiso de contribuir a una gestión fiscal responsable y sostenible, en beneficio de todos los peruanos.
