El Departamento de Justicia admitió ante un juez federal haber basado incorrectamente arrestos en tribunales de inmigración en un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La admisión, revelada en un documento judicial presentado el martes en una demanda en curso, expone una falacia en la justificación de la política de arrestar a personas que acuden a sus audiencias judiciales como parte del proceso legal de inmigración.
Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, admitió en una carta al juez Kevin Castel que la administración había realizado declaraciones falsas al tribunal sobre un memorando de ICE fechado en mayo de 2025. Este memorando, al que el gobierno se había referido repetidamente en su defensa de la política de arrestos, en realidad se refiere a acciones de cumplimiento de la ley dentro o cerca de los juzgados tradicionales, y no específicamente a los tribunales de inmigración, que operan bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia.
Escribimos con respeto y pesar para corregir una declaración errónea de un hecho que el Gobierno hizo ante el Tribunal y los demandantes , escribió Clayton. El abogado de ICE informó al Departamento de Justicia que la guía no se aplica ni se ha aplicado nunca a las acciones civiles de control de la inmigración cerca de los tribunales de inmigración. Como resultado, el gobierno se retractará de las partes de sus informes y declaraciones realizadas durante audiencias orales en septiembre pasado que se basaban en las directrices erróneas.
Clayton expresó el arrepentimiento del gobierno por la tardía revelación del error, destacando el tiempo y los recursos significativos que las partes ya habían invertido en el litigio y la cuidadosa consideración que el tribunal había dedicado a los argumentos de los demandantes.
La admisión del Departamento de Justicia ha provocado una fuerte reacción por parte de los grupos de derechos civiles que presentaron la demanda. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) describieron las implicaciones del error como de gran alcance .
En una carta dirigida al juez Castel, las organizaciones señalaron que, desde que el tribunal se basó en la declaración del gobierno para denegar una medida cautelar a los demandantes, los arrestos de personas no ciudadanas en los tribunales de inmigración han continuado. Estos arrestos han resultado en la detención de individuos, a menudo en instalaciones ubicadas a cientos de kilómetros de distancia de sus hogares y de sus abogados.
La política de la administración Trump de detener a migrantes en los pasillos de los juzgados, implementada el año pasado, generó una considerable controversia y preocupación entre abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes. Argumentaron que la práctica estaba transformando los tribunales de inmigración, lugares diseñados para garantizar el debido proceso, en zonas de miedo y castigando a las personas por simplemente cumplir con sus obligaciones legales.
La práctica de arrestar a personas en los tribunales de inmigración ha sido ampliamente criticada por socavar la confianza en el sistema judicial y disuadir a los inmigrantes de presentarse a sus audiencias. Los defensores argumentan que la política crea un ambiente de intimidación que impide que los individuos busquen asesoramiento legal y ejerzan sus derechos.
La admisión del Departamento de Justicia plantea serias preguntas sobre la base legal de los arrestos realizados en los tribunales de inmigración y la integridad del proceso judicial. Los grupos de derechos civiles instan al tribunal a reconsiderar su decisión anterior y a tomar medidas para proteger los derechos de los inmigrantes que acuden a los tribunales de inmigración.
La ACLU y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York han solicitado al juez Castel que examine de cerca el impacto de la admisión del gobierno en el caso y que considere la posibilidad de otorgar una medida cautelar que impida futuras detenciones en los tribunales de inmigración. También han pedido al Departamento de Justicia que investigue a fondo la extensión de la dependencia en el memorando de ICE erróneo y que tome medidas para garantizar que no se repitan errores similares en el futuro.
El caso continúa en curso y se espera que la admisión del Departamento de Justicia tenga un impacto significativo en el resultado final. La decisión del juez Castel podría tener implicaciones de gran alcance para la política de inmigración y el funcionamiento de los tribunales de inmigración en todo el país.
ICE no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN sobre la admisión del Departamento de Justicia. La situación sigue desarrollándose y se espera que haya más actualizaciones a medida que avance el caso. La comunidad legal y los defensores de los derechos de los inmigrantes están observando de cerca el caso, ya que podría establecer un precedente importante para la protección de los derechos de los inmigrantes en el sistema judicial.
