Milei y la Dictadura: ¿Paralelismos Económicos y Sociales?

A medio siglo del último golpe militar en Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes críticas por implementar políticas económicas y sociales que evocan el modelo de la dictadura de los años 70. A pesar de llegar al poder a través de las urnas, su proyecto ha generado una ola de resistencia popular ante sus efectos adversos.

La economía argentina se encuentra en una situación crítica. Más de 22.000 empresas, incluyendo medianas, pequeñas y grandes, han cerrado sus puertas en los últimos dos años, resultando en la pérdida de 300.000 empleos, 200.000 en el sector privado y 100.000 en el sector público. Un análisis más detallado revela que más de 550.000 personas han sido desplazadas de empleos formales, con 386.000 clasificadas como monotributistas sociales. Las nuevas regulaciones gubernamentales han empujado a muchos monotributistas al sector informal, exacerbando la desregulación laboral.

La situación salarial es alarmante. Los precios han aumentado significativamente, mientras que los salarios se han mantenido estancados. En febrero, el Parlamento aprobó una nueva Ley del Trabajo de corte neoliberal, similar a la legislación vigente durante la dictadura entre 1976 y 1983. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado que impugnará judicialmente esta ley, argumentando que debilita la organización sindical y los derechos laborales esenciales, como las negociaciones paritarias y el derecho a huelga. La ley, presentada por Milei como una "modernización laboral", implica la pérdida de derechos históricos, como los contratos de trabajo, el reconocimiento de las horas extras, el aumento de las jornadas laborales y la flexibilización de los despidos.

Esta reforma laboral representa una transferencia multimillonaria de recursos del sector laboral al sector empresarial. Los empleadores contribuirán mensualmente a un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para subsidiar los despidos, un fondo que podrán descontar de sus aportes a las jubilaciones y la seguridad social. Esto implica un traslado de ingresos de los trabajadores y jubilados a las empresas, agravando la situación de los jubilados, quienes ya sufren el congelamiento de sus pensiones y la pérdida de su poder adquisitivo.

La pensión mínima actual, incluyendo un bono suplementario, equivale a 305 dólares mensuales, mientras que el salario mínimo inicial se sitúa en torno a los 239 dólares. Un empleado de comercio con diez años de antig edad apenas gana 774 dólares mensuales. En contraste, el costo de vida es elevado: un kilo de pan cuesta entre 2,50 y 3 dólares, un litro de leche alrededor de 2 dólares, un kilo de arroz cerca de 3 dólares, un kilo de harina más de 1 dólar y un corte de queso común supera los 10 dólares. Los servicios públicos, como el agua, el gas y la electricidad, tienen precios similares a los de España, Francia o Italia. Un seguro de salud privado básico para una familia de cuatro personas puede costar entre 400 y 1000 dólares mensuales. Para evitar la pobreza, que afecta a más del 40% de la población, una familia necesita al menos cuatro salarios básicos.

El desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la cultura también es preocupante. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP) sufrirá un recorte histórico de aproximadamente el 93% en comparación con los fondos de 2023.

La caída del poder adquisitivo de los trabajadores y su participación en el ingreso nacional recuerdan a la situación durante la dictadura. En 1974, la participación de los trabajadores en el presupuesto nacional era del 45%, pero en 1982, al final de la dictadura, había disminuido al 22%. Durante el gobierno kirchnerista, esta participación alcanzó el 51%, pero actualmente se sitúa alrededor del 36%.

Las políticas de Milei, que priorizan el capital financiero, castigan la producción nacional al favorecer la importación y promueven el endeudamiento, son similares a las de la dictadura. Además, la política de disciplinar a los sindicatos, debilitar sus estructuras y desregular los derechos laborales también recuerda a las tácticas utilizadas por los dictadores de la década de 1970. Estas políticas, respaldadas por Washington y el Fondo Monetario Internacional, se basan en concepciones conservadoras, discursos "anticomunistas", el desmantelamiento del Estado social y la primacía del capital. También incluyen un mayor control de la migración y la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de noticias falsas.

A pesar del malestar económico, las encuestas muestran que el gobierno de Milei aún cuenta con un apoyo significativo. Si se celebraran elecciones hoy, La Libertad Avanza obtendría el 43,6% de los votos, mientras que el peronismo/kirchnerismo alcanzaría el 35,9%. El resto de las fuerzas políticas obtendrían apenas un 3%. A pesar del desgaste social, el electorado no percibe una alternativa de gobierno viable y responsabiliza a los gobiernos anteriores, tanto el neoliberal de Mauricio Macri como el peronista de Alberto Fernández, por no haber cumplido sus promesas.

La resistencia popular se manifiesta en diversas formas. El 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado, se realizarán cientos de actividades públicas en todo el país, incluyendo manifestaciones en plazas, escuelas, universidades y sitios de memoria. En la provincia de Santa Fe, se organizarán más de un centenar de actividades en 22 ciudades y pueblos. Estas protestas, que se han convertido en una tradición desde el retorno a la democracia, incluyen la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como la denuncia de las políticas negacionistas y de agresión del gobierno de Milei contra los derechos humanos.

En los últimos 27 meses, se han producido cuatro huelgas nacionales y numerosos conflictos laborales contra las políticas antisociales del gobierno. Las manifestaciones y protestas de mujeres, feministas y de la diversidad son cada vez más participativas. Además, se han multiplicado los pequeños gestos e iniciativas locales de resistencia que mantienen a Argentina en un estado de constante ebullición.

Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, la represión contra la protesta social se duplicó durante el segundo año del gobierno de Milei en comparación con el año anterior, aumentando también el número de detenidos y heridos.

La manifestación por el Día Internacional de la Mujer el 9 de marzo, con decenas de miles de participantes en las calles, fue un ejemplo de esta resistencia. La protesta fue tan amplia que incluso los medios de comunicación conservadores reconocieron que las manifestantes "llenaron la Plaza de Mayo" frente a la Casa de Gobierno. El diario Página 12 tituló en su edición del 10 de marzo: "La marea vuelve. Unir las luchas contra el FMI y Milei", destacando que los feminismos son una de las principales fuerzas de la resistencia y que las manifestantes denunciaron la negación de la figura del feminicidio y el desmantelamiento de las herramientas para prevenirlo.