En tiempo récord y tras una serie de sesiones legislativas agitadas, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de ley del gobierno destinado a mitigar el impacto del alza en el precio del kerosene doméstico, enmarcado en el contexto de la crisis energética internacional. La aprobación se produjo a pocos días de un inminente aumento en los precios de los combustibles, provocado por la inestabilidad en Medio Oriente, y fue una prioridad para la administración del Presidente José Antonio Kast.
La votación en el Senado, que concluyó pasadas las 22 horas, resultó en 32 votos a favor, sin votos en contra y seis abstenciones en la votación en general. Posteriormente, el articulado fue aprobado con 32 votos a favor y una abstención en la votación en particular. La Cámara de Diputados, que ya había revisado el texto el martes, debió discutirlo en tercer trámite, aprobando todas las enmiendas del Senado en una serie de votaciones.
Con esta aprobación, la ley está lista para ser promulgada y publicada, convirtiéndose en la primera ley impulsada por el gobierno de Kast. La urgencia con la que se tramitó la iniciativa, en tan solo dos días, respondía a la necesidad de implementar las medidas lo antes posible y evitar un aumento drástico en el precio del kerosene.
El núcleo del proyecto de ley establece un mecanismo de alivio para el alza del precio de la parafina y la entrega de bonos de $100 mil para reducir el impacto en los taxistas y operadores de transporte colectivo. Sin embargo, durante el debate en la Cámara, el Ministro de Hacienda, Mario Quiroz, debió ceder ante las demandas de la oposición para extender el beneficio al transporte escolar y eximir a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de una mayor carga tributaria, al reducir el descuento de gasto en petróleo que pueden aplicar en sus declaraciones de IVA.
A pesar de estas concesiones, la principal crítica de la oposición persiste: la falta de medidas para atenuar el impacto del alza en el precio de la gasolina. Esto significa que el jueves, con la entrada en vigor de los nuevos precios, será un día especialmente difícil para los automovilistas de clase media y baja.
El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, expresó su descontento en la sala, afirmando que el gobierno había decidido joderse a la clase media . También señaló que la iniciativa no considera a los pescadores artesanales, quienes utilizan petróleo en sus lanchas a motor.
Otra preocupación planteada por la oposición se centra en la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos en las regiones. Los gobernadores regionales ya han advertido que no cuentan con suficientes recursos para subsidiar la locomoción colectiva. La senadora Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana, enfatizó que Santiago no es Chile , criticando la falta de consideración hacia las necesidades de las regiones.
Para apaciguar los ánimos, el Ministro del Interior, Claudio Alvarado, jugó un papel crucial en la Cámara, donde la oposición amenazó con rechazar el artículo que permitía financiar las otras medidas. Alvarado se comprometió a buscar soluciones legales y administrativas para asegurar la financiación de los subsidios regionales.
La sesión legislativa se vio interrumpida en un momento dado por la necesidad de conformar las comisiones legislativas, una propuesta de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que fue aprobada tras semanas de tensas negociaciones. Al retomar la sesión, el ambiente se intensificó aún más con la intervención del senador Ignacio Urrutia, del Partido Republicano, quien comparó las medidas adoptadas por el gobierno actual con las acciones fuertísimas tomadas durante la dictadura militar, y acusó al gobierno anterior de Gabriel Boric de saquear y robar .
El senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, solicitó que las declaraciones de Urrutia fueran borradas del acta, acusándolo de imputar delitos sin pruebas. Urrutia respondió reprochando a Núñez su pasado en la Universidad Arcis.
La tensión continuó con la intervención de la senadora Daniella Cicardini, del Partido Socialista, quien acusó al Ministro Quiroz de hipocresía y falta de empatía, especialmente hacia la clase media y los trabajadores. Incluso lo instó a renunciar, alegando que el gobierno había redactado una minuta confidencial para manipular la opinión pública sobre el alza de los combustibles.
Las palabras de Cicardini fueron rechazadas por los senadores Rodolfo Carter e Iván Moreira. Sin embargo, la respuesta más sorprendente provino de la propia presidenta del Senado, Paulina Vodanovic, quien declaró que la opinión de la diputada Cicardini no era compartida por el resto de la bancada socialista, generando tensión dentro del partido.
En la Cámara de Diputados, aunque el espacio para los discursos fue limitado, también se produjeron enfrentamientos, especialmente después de las declaraciones de los diputados Francisco Orrego y Consuelo Veloso. Las palabras de Orrego provocaron el reclamo de las bancadas de izquierda, que exigieron al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, que hiciera un llamado al orden.
La diputada Emilia Schneider acusó a Alessandri de falta de firmeza, a lo que este respondió con un comentario polémico sobre la vestimenta de Schneider.
La aprobación de esta ley representa un primer paso para el gobierno de Kast en su intento por abordar la crisis energética y mitigar el impacto del alza de los combustibles en la población. Sin embargo, la falta de medidas para la gasolina y la incertidumbre sobre la financiación regional siguen siendo puntos críticos que deberán ser abordados en el futuro.
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