Zelaya No Se Presenta: Congreso Decide Su Destitución

Johel Zelaya, ex fiscal general de la República de Honduras, dejó de ser el titular del Ministerio Público tras negarse a comparecer ante el Congreso Nacional. El pleno del Poder Legislativo ahora definirá su suerte, en un giro inesperado en el proceso de juicio político que lo tenía suspendido de sus funciones.

La situación se complicó este miércoles 25 de marzo de 2026, cuando Zelaya no acató la citación para presentarse ante los diputados. Inicialmente, el diputado Arnold Burgos sugirió una renuncia por parte del fiscal, información que fue rápidamente desmentida por el propio Zelaya. Posteriormente, Burgos aclaró que Zelaya se había negado a presentarse a la sesión de comparecencia, lo que abre la puerta a que el Congreso acepte la recomendación de la comisión de Juicio Político y proceda a su destitución.

La inminente salida de Zelaya del cargo allanará el camino para la juramentación de Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo fiscal general. Reyes Theodore, de 40 años y originario de Tegucigalpa, es abogado con especialización en Derecho Laboral y un máster en Derecho Empresarial. Actualmente dirige la firma legal Consultus y cuenta con una trayectoria en el sector público, habiendo asesorado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) entre 2010 y 2012, a la junta interventora de la Fiscalía en 2013, a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de 2014 a 2016 (incluida su comisión liquidadora) y al Servicio de Administración de Rentas (SAR) de 2017 a 2020.

El Congreso se había preparado para una votación crucial que requería al menos 86 votos para la destitución definitiva de Zelaya, tras la recomendación unánime de la comisión especial de juicio político. Con la negativa de Zelaya a comparecer, el proceso podría quedar sin efecto práctico en su etapa final, aunque su peso político como precedente en la aplicación de esta figura en Honduras se mantiene.

Más temprano, todas las miradas estaban puestas en el Congreso Nacional, donde se esperaba que el juicio político contra Zelaya avanzara a su fase decisiva. La sesión, programada para las 8:00 am de este jueves, tenía como objetivo definir si Zelaya sería removido definitivamente de su cargo o si continuaría en el puesto, en una votación que se anticipaba marcar un punto de inflexión en la aplicación del juicio político en Honduras.

El proceso de juicio político contra Zelaya se había desarrollado con rapidez desde su admisión, aprobada con 93 votos de cuatro bancadas, hasta la fase intermedia. La comisión especial designada por el Legislativo concluyó su investigación y recomendó la destitución del funcionario tras analizar testimonios, pruebas documentales y la propia comparecencia de Zelaya.

Hoy quiero informarles que el trabajo de la comisión ha terminado , declaró el diputado Mario Pérez, presidente de la comisión, al entregar el informe a la Secretaría del Congreso Nacional, dando paso a la etapa más determinante del procedimiento. La recomendación central del dictamen era que el pleno votara por la separación definitiva del titular del Ministerio Público. La decisión de los nueve comisionados fue unánime.

La Comisión Especial de Juicio Político estuvo integrada por el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, como presidente; y el liberal Jorge Cálix, como vicepresidente. La secretaría estuvo a cargo de Antonio Rivera Callejas, también del Partido Nacional. La comisión se completó con los diputados María José Sosa, Luz Ernestina Mejía, Alex Berríos y Francis Cabrera, del Partido Liberal; así como Kilvertt Bertrand y Eder Mejía, del Partido Nacional.

Para que la destitución de Zelaya se concretara, se requería una mayoría calificada de al menos 86 votos de los 128 diputados. Esta cifra era clave para definir no solo el futuro inmediato del fiscal, sino también el alcance real del control político en el país. La decisión final del Congreso, tras la negativa de Zelaya a presentarse, determinará si se confirma la destitución y se abre paso a la nueva administración liderada por Pablo Emilio Reyes Theodore. El desenlace de este proceso político tendrá implicaciones significativas para el sistema de justicia y la gobernabilidad en Honduras.