Golpe al bolsillo chileno
La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, compareció ante los medios de comunicación para explicar las implicancias del aumento de $370 por litro de gasolina de 93 octanos y $580 por litro de diésel, atribuyendo la situación a factores internacionales y a la herencia fiscal recibida. Siguiendo la minuta elaborada desde Santiago, Farías detalló que la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible se debió a una “contingencia internacional”, calificando la crisis energética como la más dura de los últimos 40 años, según la Comisión Mundial de Energía.
“Esto provocó el 54% del alza y generó una situación que, como gobierno, tuvimos que asumir”, afirmó la delegada, agregando que el país fue recibido con una deuda interna que “hace imposible subvencionar este aumento debido a las condiciones mundiales”. Reconoció el impacto negativo en la economía familiar, describiéndolo como “un golpe duro para todos los chilenos”, pero aseguró que se están buscando alternativas para mitigar el efecto en el bolsillo de la población.
Ante las interrogantes sobre la posible desestabilización política o la pérdida de confianza de los sectores medios que apoyaron a José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, Farías fue enfática en responsabilizar el contexto internacional y la delicada situación de las finanzas públicas. “La primera forma de enfrentar una crisis -que no es política ni de otro tipo- es haciéndose cargo de estas decisiones, para que no afecten mañana la calidad de vida de los chilenos”, declaró.
La autoridad regional buscó transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando que existe stock disponible de combustibles para garantizar el abastecimiento, especialmente en las zonas más alejadas del país.
Uno de los temas que generó particular preocupación en sectores vinculados al “bianchismo” fue la posible revisión del subsidio al gas en Magallanes, un combustible esencial para la calefacción en la región austral durante los meses de invierno. Al respecto, Farías aseguró que el subsidio “no está bajo ningún punto de vista en tela de juicio” y que el gobierno tiene como objetivo mantenerlo.
La delegada recordó el antecedente de 2011, cuando un intento de revisar este beneficio social provocó una fuerte protesta social que derivó en la renuncia del entonces ministro de Energía, Ricardo Raineri, y de la intendenta de Magallanes, Liliana Kusanovic, sumiendo al gobierno de Sebastián Piñera en una crisis política.
En cuanto a medidas compensatorias específicas para Magallanes, Farías indicó que se están gestionando acciones para paliar el impacto diferenciado del aumento de los combustibles en la región, aunque no precisó los detalles de estas iniciativas.
A nivel nacional, el gobierno ha anunciado un subsidio de $100 mil mensuales durante seis meses para los colectivos, independientemente del tipo de combustible que utilicen. Además, se congelará la tarifa del transporte público, medida que será financiada con fondos nacionales.
La explicación oficial del gobierno de Kast se centra en la imposibilidad de absorber el alza de los combustibles debido a la alta deuda pública y la crisis energética global. La delegada Farías reiteró que la situación actual es resultado de una “contingencia internacional” y una “grave herencia fiscal”, buscando desvincular la responsabilidad del gobierno actual en el incremento de los precios.
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar, acusando al gobierno de falta de planificación y de utilizar excusas para justificar una política económica que afecta directamente a los ciudadanos. Se espera que en los próximos días se presenten iniciativas legislativas para buscar alternativas al aumento de los combustibles y proteger el poder adquisitivo de la población.
La situación económica actual plantea un desafío importante para el gobierno de Kast, que deberá demostrar su capacidad para gestionar la crisis y cumplir con las expectativas de los ciudadanos que confiaron en su proyecto político. La estabilidad social y política del país dependerá en gran medida de la efectividad de las medidas que se implementen para mitigar el impacto del alza de los combustibles y garantizar el acceso a la energía para todos los chilenos.
La delegada Farías concluyó su exposición instando a la calma y reiterando el compromiso del gobierno con la búsqueda de soluciones que permitan proteger a la población y garantizar el desarrollo económico del país. Sin embargo, la incertidumbre persiste y la preocupación por el aumento de los precios de los combustibles sigue siendo una prioridad para la ciudadanía.
