Costa Rica ha avanzado significativamente en la creación de un marco legal para combatir la corrupción y promover la integridad pública, pero ahora enfrenta el reto crucial de convertir esas normativas en resultados tangibles. Así lo advierte el reciente informe Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El organismo internacional destaca que Costa Rica se encuentra entre los países que han adoptado, por primera vez, una estrategia nacional de integridad y anticorrupción a nivel gubernamental, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) 2021-2030. Sin embargo, la OCDE alerta sobre el riesgo de que estas estrategias se conviertan en leyes de fachada si no se invierten recursos financieros suficientes, se realiza una supervisión constante y se aprovechan las tecnologías de datos.
La brecha entre la solidez de las leyes y su aplicación real es un fenómeno global preocupante. En promedio, los países miembros de la OCDE presentan una diferencia de 19 puntos porcentuales en este aspecto. Para el sector productivo costarricense, la ejecución efectiva de la ENIPC es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y reducir los costos transaccionales asociados a la opacidad administrativa.
A pesar de los desafíos, Costa Rica es reconocido como un ejemplo de buenas prácticas en el uso de herramientas digitales para la transparencia, especialmente su plataforma para la presentación de declaraciones de bienes e intereses y el modelo de cotejo con bases de datos externas para detectar irregularidades. La OCDE destaca este enfoque basado en datos como una forma de hacer más con menos en un contexto de restricciones fiscales.
El informe subraya que la integridad es rentable para los inversionistas, explicando entre el 15% y el 18% de la variación en los resultados empresariales, mientras que la corrupción actúa como un impuesto oculto que reduce la inversión y distorsiona la competencia. El reto para Costa Rica en 2026 es evaluar la ENIPC por sus resultados, no solo por sus actividades, consolidando así su ventaja de la integridad .
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