Bolivia atraviesa una profunda crisis social y económica. El detonante es el Decreto Supremo N° 5.503, firmado el 17 de diciembre de 2025 por el presidente Rodrigo Pereira Paz, el cual implementa un ajuste generalizado que incluye el retiro progresivo de la subvención al petróleo y el gas en un plazo de seis meses.
La respuesta fue inmediata. La Central Obrera Boliviana y diversos sectores sociales se movilizaron, enfrentando una respuesta represiva por parte del Gobierno. A este escenario se sumó en marzo la crisis del combustible importado adulterado, que obligó al Estado a resarcir económicamente a miles de transportistas. El Gobierno atribuyó este problema a una red de sabotaje y robo operando entre Chile y Bolivia, que involucraría a exfuncionarios de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
En el plano económico, el Banco Central de Bolivia reportó que la inflación saltó del 0,59% en diciembre de 2025 al 1,31% en enero, aunque en febrero y marzo el Índice de Precios al Consumidor cayó a números negativos. El Ministerio de Economía justificó la medida para enfrentar la falta de combustibles, la caída de los dólares y un gasto público insostenible, argumentando que las subvenciones fomentaban el contrabando y el mercado negro.
Sin embargo, el alza de precios detonó reclamos salariales que hoy se traducen en masivas protestas en La Paz y todo el país, lideradas por la COB, mineros, docentes y campesinos. Los bloqueos de rutas en La Paz y El Alto ya provocan desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible. Además de mejoras salariales, las calles exigen la renuncia del presidente Pereira Paz. El pasado sábado, la Policía intentó desbloquear las vías, pero desistió para evitar una mayor escalada de conflictividad.
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